El Gobierno de Portugal anunció el lunes un plan para reorganizar las administraciones municipales, que incluye la disminución en cerca de un 30 por ciento de los concejales con el fin de reducir el déficit.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo conservador luso quiere cumplir con lo pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestaron a Portugal 78.000 millones para los próximos tres años a cambio de sustanciales reformas económicas y administrativas que sirvan para reducir el déficit del país.
El documento, presentado por el primer ministro, Pedro Passos Coelho, establece profundos cambios en el sector empresarial local, la organización del territorio y la gestión municipal, entre otros puntos.
Respecto a los concejales, la propuesta del Gobierno es que los 308 municipios portugueses tengan 618 concejales menos -pasando de 1.770 a 1.152-, mientras que los que están con dedicación completa pasarían de 836 hasta los 576 (260 menos).
En las circunscripciones parroquiales -pequeñas unidades de poder integradas en un municipio conocidas como "freguesia"-, la meta es agruparlas en un mínimo de 20.000 habitantes en las grandes concentraciones urbanas (más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado). Portugal tiene 4.259 "freguesias", 643 con más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado.
Asimismo, el Ejecutivo prevé su reorganización en las áreas de entre 100 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado y en las de menos de 100. En el primer caso, una "freguesia" tendrá un mínimo de 15.000 habitantes, mientras que en el segundo serán de un mínimo de 500 en zonas rurales y 1.000 para las urbanas, informa Efe.
En el sector empresarial, el gobierno quiere restringir las entidades a apenas las que tengan una comprobada utilidad pública, sustentabilidad financiera y actuación según las reglas del mercado. "Ningún representante político puede saltarse las recomendaciones da buena gestión, sea en el Estado central, o en los ayuntamientos", alertó Passos Coelho durante la presentación del plan.
Portugal, que tiene un déficit del 9,1 % del PIB en 2010, ha puesto en marcha varios programas para reducirlo hasta el 3 % en tres años, entre ellos la racionalización de la sanidad y la educación pública, la privatización de empresas públicas, así como la congelación de las pensiones y una reducción de funcionarios.