Los estatistas –es decir, indignados, quinceemes y alborotadores helenos varios– confunden deliberadamente la progresiva degradación de la calidad de los servicios públicos con su privatización. Y lo hacen para estigmatizar aquello que sería muy provechoso social y económicamente: que los llamados servicios sociales, precisamente por ser fundamentales para todos los individuos, tuvieran un carácter privado y compitieran entre sí para prestar las mejores prestaciones posibles a los consumidores. Ya se sabe: las bromas y los despilfarros socialistas nos los podemos permitir en aquello que es accesorio, no en aquello que resulta esencial para una comunidad. Amén de que la sacrosanta "protección de los más débiles" no justifica que toda la sanidad o toda la educación sean públicas, sino, en todo caso, que el Estado ayude subsidiariamente a los más pobres.
Los recortes que están experimentando la educación o la sanidad en toda España –y que van a seguir produciéndose, sobre todo en aquellas comunidades tan irresponsables e imprevisoras como para no acometer desde ya mismo esos recortes, hipotecando todavía más su futuro– no se deben en absoluto a que estos servicios se estén privatizando. Al contrario, se deben a que su proveedor –el sector público– se ha quedado sin un duro y no puede continuar sufragando unos gastos consolidados tan desproporcionados. Digámoslo con claridad: la degradación de los servicios públicos no se debe a los mercados, sino a los Estados; a su inherente incapacidad para usar eficientemente los recursos, para conseguir más con menos.
Cuando un gestor es ineficiente, pasan estas cosas: o los precios que cobra por sus servicios tienden a subir o que la calidad de esos servicios tiende a caer (o ambas cosas a la vez). Si los ciudadanos no fueran consumidores cautivos de ese gestor, los proveedores menos eficientes quebrarían y los más diligentes, aquellos que supieran generar modelos de negocio que ahorraran costes sin mermas en sus servicios, prosperarían. Pero ah, los ciudadanos sólo dejarían de ser consumidores cautivos si privatizáramos los servicios sociales, a saber, si cada cual pudiera escoger qué hacer o qué no hacer con su dinero.
Los estatistas, pues, incurren en una flagrante contradicción (otra de tantas) cuando braman que no quieren ni recortes ni privatizaciones: si no tenemos privatizaciones, tendremos recortes, por el simple motivo de que el productor cuasi monopolístico de servicios sociales, el Estado, se ha quedado sin blanca. Tan ideologizados se encuentran que no cavilan que si los servicios sociales fueran privados, no tendrían que salir a la calle para rebelarse contra los recortes que los políticos efectivamente les imponen: bastarían con que llevaran su dinero a otra parte. La ecuación "ni recortes ni privatizaciones" quiebra precisamente por el lado de la carestía de dinero con el que seguir sufragando la carísima bacanal de un Estado de Bienestar harto despilfarrador.
"Ni recortes ni privatizaciones: suspensión de pagos", parecen gritar nuestros indignados. Los helenos ya lo corean sin tapujos: "esa deuda no la vais a cobrar". Pobrecitos, y entonces, ¿¿quién sufragará esos servicios sociales que no quieren ni recortar ni privatizar? ¿O acaso han visto alguna vez a alguna empresa privada que haya quebrado y no haya desparecido o se haya reestructurado recortando todo lo recortable? Ah, que se trata de que los alemanes nos paguen la juerga sin contrapartida alguna. Sí, encima de amenazarles con que no van a cobrar, les queremos desplumar. Mas piensen sólo una cosa: los indignados alemanes se reúnen frente al Banco Central Europeo para exigir que su país salga del euro y deje de costear los agujeros negros de los periféricos. Tensad la cuerda por aquí que ellos la tensarán por allá, y nos quedaremos directamente sin dinero. El chiringuito estatista ya no aguanta más, así que elijan: o recortes o privatización. Yo lo tengo bastante claro.