Vemos que el candidato Rubalcaba quiere restituir el Impuesto sobre el Patrimonio. Acierta en pensar que algo se tendrá que hacer para calmar a los mercados financieros y frenar una nueva escalada en el diferencial de tipos de interés del bono español a 10 años (hoy en 340 pbs) antes de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Como ya anticipamos, la reforma del artículo 135 de la CE no da para mucho.
Sin embargo, la medida preferida por Rubalcaba es casi la peor imaginable para la economía española por muchas razones. Primero, es un impuesto injusto que grava dos veces el mismo ahorro. Segundo, en un país con un déficit crónico de ahorro, lo peor que se puede hacer es crear impuestos sobre el escaso ahorro. Tercero, mucho antes que empezar por el lado de los ingresos, España tiene que imponer un mayor recorte del gasto público y una vez realizada esa tarea ineludible, enfrentarse a la evasión fiscal.
En un reciente estudio de UPyD, queda claro que el ahorro posible de evitar duplicidades y gasto público superfluo en las CCAA y en las principales ciudades españolas, además del ahorro potencial de agrupar la estructura atomizada municipal (8.112 municipios son demasiados para los pocos que somos), podría alcanzar unos 40.000 millones de euros anuales; es decir más del 4% del PIB. Por otro lado, la dimensión de la economía sumergida, alienta a pensar que la lucha contra el fraude fiscal podría doblar esa cifra de ahorro de hacerse de forma seria.
Luego, ¿por qué centrar la atención en el Impuesto sobre el Patrimonio que en modo alguno podría alcanzar cifras comparables? Es comprensible que en un ejercicio de solidaridad por parte de las "grandes fortunas" del país, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis, y con la anuencia implícita de las mismas, se podría entender alguna medida de estas características. Pero la insistencia en este impuesto como la medida "estrella" para resolver el déficit público es simple y llanamente un error. Y como las autonomías son quienes lo aplican, tampoco lograría sus escasos y erróneos objetivos.
Si queremos salir del disparadero de los mercados financieros, lo que tenemos que hacer es crecer y mejorar nuestra competitividad, y eso, sobre todo, supone una reforma de calado del mercado de trabajo, tal como viene reclamando el BCE. Ojalá se la haga caso pues el país no está para tanta demagogia inútil.