La reforma del artículo 135 tiene detractores y defensores. Ambos tienen razón. Quienes exigen un referéndum para reformar nuestra Carta Magna aciertan en que la medida, aunque legal, carece de legitimidad al no involucrar a la ciudadanía. El modo no acompaña a las formas en esta reforma constitucional. Por otro lado, aquellos que argumentan que no hay más remedio y que se ha tenido que hacer ineludiblemente, también aciertan. A día de hoy, España es un país intervenido y no tiene otra que implementar lo que nuestros banqueros nos exigen, léase Sr. Trichet y la Sra. Merkel.
La postura del principal partido de la oposición es favorable a la reforma y viene defendiendo la idea de un límite al déficit público en la CE desde hace años. Pero, ¿se ha percatado del matiz de cómo se ha conseguido? La reforma nace como el resultado de la pinza entre el BCE y el principal partido de la oposición. Avancemos hacia un futuro: ¿qué va a pasar si ese partido que hoy es oposición, gobierna y se encuentra con las mismas necesidades financieras que el actual Gobierno? ¿Es imposible que se dé esa situación? Me temo que en las condiciones en que se encuentra España esta situación es más que plausible. La época del dinero fácil se ha acabado para España, independientemente al partido en el Gobierno. No es difícil recrear situaciones donde el regidor alemán de turno puede sacar provecho de una España financieramente dependiente ofreciendo ayuda al partido gobernante en contrapartida a una reforma a su medida. Incluso repudiable desde las propias filas del conservadurismo español, llegado el caso en que gobernara la derecha a partir de las próximas elecciones. Imagínense, por ejemplo, si se reclamase (exigiese) un incremento en la tasa del Impuesto de Sociedades equivalente al alemán. Medida que, en principio, gustaría a la izquierda española, pero que removería profundamente a la derecha. En el escenario actual, la medida se adoptaría sin rechistar o de lo contrario la espada de Damocles en forma de financiación caería inexorablemente.
Estas situaciones de precariedad legislativa y constitucional son el resultado directo de nuestra extrema vulnerabilidad financiera. Dependemos del ahorro exterior para cuadrar las cuentas y si éste falta todo se viene abajo. La reforma constitucional para limitar el déficit público en todos los niveles administrativos podría ayudar a reducir esa dependencia de llegar a ser eficaz. Es cierto. Pero, las cosas claras, ni es una medida necesaria ni mucho menos suficiente para garantizar nuestra independencia financiera. Para eso necesitamos trabajar nuestra competitividad y lograr como mínimo un equilibrio en nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos o bien salir del euro. En mi opinión a España le conviene seguir en el área del euro por un sinfín de razones. Ahora bien, es evidente que conseguir dinero fácil ya no es factible y dentro de la Unión Monetaria a Italia, España y Francia no les queda más remedio que seguir la estela de Alemania. En contrapartida, será alentador observar a pequeños Estados como Finlandia, Holanda y Austria, todos ellos con superávits en sus cuentas corrientes, son capaces de plantarle cara a Alemania y decirle "no" cuando vean que sus intereses nacionales se ven comprometidos.
En democracia, hay que contar con la ciudadanía y para ello hay que razonar las medidas y con ello instruir al ciudadano. Puede resultar complicado para nuestros gobernantes explicar situaciones comprometidas. Pero embarcarse en una reforma constitucional sin haber explicado el por qué, es decir sin dejar absolutamente claro que la situación de España es extrema y que no admite otra salida, pasará una enorme factura al PSOE. Mientras, la alegría del PP solo estará justificada si consigue impulsar la competitividad española lo suficiente para romper la dependencia financiera del BCE y de los alemanes. Si no se logra, la historia se repetirá y los de fuera volverán a decidir nuestro futuro como lo están haciendo ahora.