El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Sobre el papel, que todo lo aguanta, ese límite teórico va a existir, pero no así en la práctica, no ya por ese concepto tortuoso de déficit estructural que se ha introducido en el texto de la enmienda, que también, sino porque ambos partidos han renunciado a dotar al Estado de mecanismos constitucionales para imponerse a los Ejecutivos regionales que opten por líneas de actuación en materia presupuestaria contrarias a las establecidas por el Gobierno central.
El texto del acuerdo habla de un futuro techo de déficit estructural del 0,4%, a regular mediante una ley orgánica, que se reparte entre el Estado (0,26%) y las autonomías (0,14%). Lo que no se dice es cómo se va a obligar a las comunidades autónomas a refrenar sus gastos para cumplir con semejante objetivo cuando la tendencia que están manifestando a lo largo de toda la crisis es a seguir con su propia dinámica de gasto público y que el coste del ajuste lo asuman en su totalidad los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en cuanto el Gobierno de Zapatero empezó a apretar las clavijas a las administraciones regionales para que ellas también redujeran su déficit, Cataluña se negó y aprobó para este año unas cuentas públicas con un desequilibrio del doble del que tenía permitido. La Generalitat, simplemente, no quiere renunciar a sus objetivos político-nacionalistas que se tienen que financiar con dineros públicos y, como tampoco quiere cargar las tintas sobre los contribuyentes catalanes a base de más impuestos, ni tampoco aplicar medidas impopulares o antisociales de recorte del gasto, pues a pasar olímpicamente de lo que diga el Gobierno central. Y ni socialistas ni ‘populares’ han aprendido de esta experiencia.
La Constitución reconoce al Estado la capacidad para ordenar la actividad económica del país, lo que implica la aplicación de políticas económicas de carácter nacional, incluidas las necesarias para superar crisis. Esa capacidad se ha visto mermada una y otra vez tanto a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a la letra de la propia Carta Magna como de la realidad del Estado de las autonomías, manifestada en la forma en que las comunidades autónomas aprovechan las situaciones de debilidad del Gobierno central de turno para hacer de su capa un sayo hasta haber convertido a este país en un reino de taifas. La enmienda sobre los límites al déficit público constituía una ocasión ideal para empezar a recomponer la situación y que el Estado comenzara a recuperar poderes y capacidades que jamás debió perder. Pero entre que en el PSOE son federalistas y que el modelo de España del PP es un modelo acomodaticio según las circunstancias se ha dejado escapar una oportunidad de oro para poner orden en el creciente desmadre que es el Estado de las autonomías.