El agrio debate político y social que levantó la visita del Papa a Madrid con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se centró casi exclusivamente en el gasto público asociado a dicho acto. Los anticlericales aprovecharon la ocasión para enarbolar la bandera de la austeridad bajo el argumento de que el Estado es laico y, por tanto, no debe financiar un evento organizado por "una empresa privada llamada Iglesia Católica".
Lo primero que llama la atención es la falta de consenso entre los convocantes de la manifestación antipapa del pasado 17 de agosto a la hora de estimar dicho coste. Así, mientras unos lo elevan a 100 millones de euros, otros lo rebajan a 50 e incluso algunos lo reducen a apenas 25 millones.
Sin embargo, más allá del baile de cifras, lo relevante aquí es la falta de criterio a la hora de elaborar dicho cálculo. No en vano, según explican los propios manifestantes, esta partida englobaría los gastos de seguridad y limpieza, la cesión gratuita de espacios y locales públicos para los actos relacionados con la visita, descuentos especiales en el transporte público para los asistentes y, sobre todo, las exenciones fiscales que disfrutan las empresas benefactoras de la JMJ. Y es que, al tratarse de un Acontecimiento de Especial Interés Público, las aportaciones privadas para financiar este acto gozarán de deducciones fiscales de entre el 45% y el 90%.
Se trata, simplemente, de una suma imposible desde el punto de vista contable. Los antipapa se han limitado a aglutinar partidas que nada tienen que ver unas con otras, de modo que no son equiparables. Confunden churras con merinas o, dicho de otro modo, la suma de dos pollos y dos manzanas no da como resultado cuatro naranjas, sino dos pollos y dos manzanas.
La base de todo balance contable se divide en "debe" (gastos) y "haber" (ingresos). Los grupos laicos, insertos en el movimiento 15-M, no dividen ambas categorías para estimar el coste de la visita papal, ya que contabilizan como gasto lo que es ingreso, y viceversa. El único gasto público, y por tanto computable al "debe", es el concerniente al despliegue extra de servicios de seguridad y limpieza. Lo demás, el grueso del coste estipulado por los anticlericales, son partidas insertas en el "haber", es decir, imputables a la casilla de ingresos públicos.
No se trata de una diferencia baladí, sino de una cuestión clave para determinar el impacto real de la JMJ en las cuentas públicas. La cesión gratuita de espacios, los descuentos en transporte y las desgravaciones fiscales de las empresas benefactoras, que aglutinan más del 80% del coste estimado por los manifestantes, no se pueden contabilizar como gasto público sino como ingreso, o más bien ausencia del mismo en este caso. El gasto público directo es el relativo a la seguridad y a la limpieza, de modo que los famosos 100 ó 50 millones estipulados son un simple fraude desde el punto de vista contable, único válido en este tipo de materias.
Un gasto extra que, por otro lado, ha sido ampliamente compensado por los ingresos fiscales derivados de la llegada de cerca de millón y medio de peregrinos a Madrid. La Cámara de Comercio de Madrid y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) han estimado en unos 160 millones los beneficios que se han llevado los hoteles, el transporte privado y los comercios con motivo de la JMJ en apenas cuatro días. Beneficios de los cuales, cómo no, se deriva el pago de impuestos. De este modo, la visita papal no sólo no ha supuesto ningún tipo de dispendio público sino que ha resultado lucrativo para los intereses de las administraciones involucradas gracias al repunte de la actividad comercial en pleno mes de agosto.
Por último, y una vez aclarado este enorme error de bulto cometido por los anticristianos, cabe señalar la brutal hipocresía que subyace en la exigencia de austeridad cuando la izquierda defiende, siempre y en todo lugar, la expansión del gasto público y el crecimiento del Estado como remedio para todos los males. De hecho, ninguno de los convocantes ha lanzado crítica alguna contra las cuantiosas subvenciones (gasto directo) que perciben sindicatos, asociaciones de toda índole, fundaciones, empresas e incluso sectores enteros, como el de las energías renovables, por valor de miles de millones de euros cada año. En definitiva, un claro ejemplo de analfabetismo contable y profunda falsedad moral.