El esquema de gobierno económico del euro que han esbozado Merkel y Sarkozy dista mucho de ser el bálsamo de Fierabrás que cure todos los males de la unión monetaria europea. El eje franco-alemán pretende que todos los países miembros del euro pongan límites constitucionales al déficit presupuestario con el fin de que, en el futuro, no vuelva a repetirse una experiencia como la actual crisis de la deuda que ponga de nuevo en peligro a la moneda única. Del acuerdo que alcanzaron ambos mandatarios el pasado martes, esta es la parte más positiva ya que, al menos en teoría, impedirá que la respuesta de los distintos Gobiernos nacionales a situaciones económicas difíciles sea acudir de nuevo a las tan inútiles como nocivas recetas keynesianas de estímulo artificial de la demanda a través de un mayor gasto público, como ha hecho nuestro Ejecutivo desde que se inició la crisis. La aplicación práctica del resto del acuerdo, en cambio, puede crear muchos más problemas que los que pretende corregir.
El acuerdo para crear un gobierno económico del euro, de entrada, nace lastrado por los mismos vicios que afectan a la mayor parte de las instituciones europeas. Me refiero a que, en lugar de erigir una verdadera institución de gobierno, democrática y responsable ante la ciudadanía europea y sus representantes parlamentarios, Merkel y Sarkozy vuelven a la gastada formula de un consejo europeo en el que todos los países tienen voz y voto y, por tanto, en el que volverán a primar los intereses nacionales particulares frente a los comunitarios más generales. Este sistema de gobernanza de la Unión Europea se ha mostrado ineficaz dado el alto grado de integración económica alcanzado, debido a que la lógica coordinación de políticas económicas ha sido más un deseo que una realidad, ya que todos, empezando por Alemania, ha optado por hacer la guerra por su cuenta, con independencia de que los germanos tuvieran razón a la hora de aplicar una política deflacionista para recuperar competitividad. El problema es que lo hicieron ellos solos, sin tener en cuenta a los demás y, con ello, dieron lugar en parte a la actual crisis del euro. Todo esto se evitaría con la creación de un verdadero órgano de gobierno europeo, democrático y responsable de su gestión ante los ciudadanos. Sin embargo, como ello implica que Francia y Alemania pierdan la capacidad de actuar por su cuenta y según sus propios intereses, volvemos a caer en el mismo error que pretendemos corregir.
Por último, la propuesta franco-alemana implica el imponer a los demás un modelo económico con demasiado peso de lo público –el Estado administrativista francés y la economía social alemana– que requiere de impuestos altos para mantenerlo. Por ello, franceses y alemanes empiezan a dar pasos hacia una armonización fiscal, que será al alza, que acabarán pretendiendo imponer a todos, lo cual es un error porque no todos los países del euro cuentan con la misma estructura económica ni con el mismo grado de desarrollo de su sector industrial que Francia y Alemania. Si el euro tiene que sobrevivir, no será a través de una uniformidad imposible, sino mediante la aceptación de la pluralidad. En caso contrario, al proyecto de construcción europea puede que le espere un importante y quizá definitivo revés.