El Partido Popular sabe muy bien que los mercados no dan tregua y que cualquier nuevo dirigente de los países en riesgo de la zona euro tiene que convencerles de inmediato de que llega al poder dispuesto a hacer rápidamente los deberes pendientes. Por ello, en el PP trabajan desde hace semanas en las medidas urgentes a tomar nada más ganar las elecciones con el fin de reducir la prima de riesgo. Como es lógico, sus actuaciones se van a centrar, en esencia, en el presupuesto. Por el lado del gasto, en Génova quieren aplicar de forma casi inmediata un recorte de alrededor de 20.000 millones de euros, metiendo con profusión la tijera en el capítulo de subvenciones y afectando a muchos apartados, entre ellos a las ayudas que reciben los partidos políticos, las patronales y los sindicatos.
Además, en Génova también planean reducir el número de ministerios, si bien todavía no han determinado cuántos dejarán finalmente. Lo que sí parece claro es que el área económica tendrá dos grandes departamentos. Habrá un gran ministerio sectorial, que resultará de la fusión de los ministerios de Economía, por un lado, e Industria, Comercio y Turismo, por otro. Y también habrá un gran Ministerio de Hacienda, que asumirá todas las competencias en materia presupuestaria, incluidas las de Seguridad Social, hoy en manos del Ministerio de Trabajo, con el fin de integrar los problemas del sistema público de pensiones dentro del marco presupuestario general. El titular de uno de estos dos departamentos tendrá rango de vicepresidente, si bien todavía no se ha decidido cuál de ellos.
Por el lado de los ingresos, el PP estudia subir tanto el IVA como los impuestos especiales, con el fin de reducir lo antes posible el déficit público. Pero también quiere dotarse de margen de maniobra para poder utilizar los impuestos de la renta y de sociedades con fines de política económica para poder superar la crisis. En este sentido ya han anunciado la recuperación de la desgravación por adquisición de vivienda en el IRPF y trabajan en medidas que favorezcan a las empresas.
El PP entiende, además, que el esfuerzo de saneamiento fiscal no debe correr a cargo exclusivamente de las arcas del Estado, sino que debe involucrar a todas las administraciones públicas. Por esta razón, pretende recuperar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, derogada por Zapatero, y establecer, de esta forma, techos de gasto y de endeudamiento para las comunidades autónomas. La recuperación de esta normativa incluiría algunas modificaciones en relación con la que aprobó en su momento el Gobierno del PP para adaptarse a la realidad financiera tanto de las autonomías como de las corporaciones locales, pero siempre con la vista puesta en reducir el déficit y en que las administraciones regionales que quieran gastar por encima de sus recursos tengan que subir impuestos.
En el ámbito del mercado de trabajo, el PP descarta aplicar medidas encaminadas al abaratamiento del despido. Por el contrario, sus planes de reforma laboral quieren incidir especialmente en los mecanismos de formación de los salarios que, a su juicio, son determinantes para recuperar competitividad y capacidad de creación de empleo en un contexto como el de la unión monetaria europea. En este sentido, plantean una nueva vuelta de tuerca a la reforma de la negociación colectiva para acercarla más a la realidad de las empresas.