Zapatero ha suspendido sus vacaciones, aunque sólo sea por unas horas, porque la prima de riesgo del bono español respecto del alemán supera ya los 400 puntos. Además, según informan diferentes agencias, ha llamado a Mariano Rajoy para informarle de los pasos que dará el Gobierno para solventar este penúltimo capítulo de la crisis financiera de nuestro país. Supongo que Rajoy le habrá sugerido alguna otra medida y, seguramente, habrán llegado a ciertos acuerdos por el bien de España. De los españoles. Esa acción, quiero pensar, tendría un carácter nacional. Estaríamos ante una decisión consensuada: una medida concreta a favor de un Estado-nación moderno. Si todo fuera como yo doy a entender, estaríamos ante una prueba sencilla, casi natural, de política democrática, independientemente de quien gobierne, para resolver el principal problema de España, a saber su desnacionalización o la carencia absoluta de grandes consensos políticos a favor del Estado-nación.
Cuento todo esto para dar respuesta a un lector, que me afea mi pensamiento contra el proceso de desnacionalización de España que abrió la Constitución de 1978, y que ahora aparece como uno de los principales problemas para la recuperación económica y, sobre todo, moral de nuestro país. Mi crítico lector, que desprecia tanto mis análisis como mis propuestas, me exige un poco más de concreción para salir del marasmo del llamado Estado de las Autonomías. Le agradezco sus críticas y, por supuesto, espero que mis columnas le sigan estimulando para ejercer su libre pensamiento. Y aunque yo no soy muy partidario de ese lenguaje que separa el pensamiento de la acción política, la teoría de la famosa "práctica" o pragmatismo, creo que en la llamada de Zapatero a Rajoy, y el consiguiente acuerdo que yo presumo entre los dos, podría ser un buen ejemplo, una medida en el lenguaje de mi crítico lector, para hacer política nacional y no partidista o "autonomista".
Dicho en lenguaje muy sencillo, y desde la posición de un teórico radical de la democracia, la política es básicamente conflicto; pero si de vez en cuando esa situación conflictiva, reitero, no se resuelve en consensos de carácter nacional, entonces la política democrática es inviable, o peor, corre el riesgo de convertirse en su contrario bárbaro. Eso es lo que ha pasado, por desgracia, desde el primer –y, quizá último si descartamos los Pactos de La Moncloa– pacto nacional: el consenso constitucional que, al margen de triunfalismo baratos, derivó muy pronto en un cambalache a favor de una Constitución inviable. En ello estamos. Precisamente, por eso, aunque yo me haya atrevido a poner como ejemplo de consenso la llamada de Zapatero a Rajoy, nadie tiene confianza en ese acuerdo. Es pura retórica, incluso al borde del abismo económico.
Así las cosas, si persiste mi crítico lector en que le ofrezca alguna medida concreta de mi modesto magín, aquí tiene una sencilla: discutan y debatan los partidos sobre medidas concretas y no sobre vagas promesas de pre-campaña, pero, sobre todo, acuerden un modelo de Estado donde todos los españoles seamos libre e iguales ante la ley. Sencillo. Pero no fácil de llevar a cabo. Ya lo dijo Baltasar Gracián, en su famoso opúsculo El político Don Fernando, al hablar de las diferencias entre Francia y España. Mantiene que en Francia casi todo concurre para que la gobernación sea fácil, en tanto que en España muchas cosas la hacen difícil: "Los mismos mares, los montes y los ríos, le son a Francia término connatural y muralla para su conservación. Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas; las ´naciones`, diferentes; las lenguas, varias; las inclinaciones, opuestas; los climas, encontrados; así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir".