La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha demostrado, una vez más, que al Gobierno le importa un rábano el solucionar la grave crisis fiscal que vive la economía española. La reunión con los representantes de las autonomías era una ocasión de oro no sólo para acordar entre todos la forma de reducir el déficit público, sino también para establecer de forma racional qué competencias le corresponden a cada uno y cómo financiarlas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha embarcado en lo peor que podía hacer, esto es, en una batalla de naturaleza electoralista contra las autonomías gobernadas por el PP, a las que pretende ahogar financieramente, e incluso llevar a la suspensión de pagos a alguna que hasta el pasado junio estuvo gobernada por los socialistas para culpar a los ‘populares’ de ello y tratar de desgastarlos más y más. Mientras tanto, en Moncloa y en Ferraz los del PSOE trazan planes sobre cómo invertir con fines electoralistas esos recursos que quieren que las comunidades autónomas devuelvan ya al Estado, con independencia de su situación de solvencia. Visto lo visto, no es de extrañar que, en unos momentos en los que el euro debería estar fortaleciéndose frente al dólar, a tenor de lo cerca que se encuentra Estados Unidos de la suspensión de pagos, esté sucediendo lo contrario. Y es que los mercados confían más en que Obama acabe por dar su brazo a torcer que en que Zapatero actúe por una vez con el mínimo de racionalidad que exigen las circunstancias de España y de la Unión Monetaria Europea.
Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial. Los políticos, por ejemplo, siguen sin entender que tienen recortar el gasto público en todos los niveles de la Administración, que es lo que debería estar debatiéndose en estos momentos. De la misma forma, debería estar sobre la mesa de negociaciones un nuevo modelo de distribución territorial de competencias, y de recursos para financiarlas, según los principios del federalismo fiscal, como qué gasto es necesario y cuál no –para cortar este último de raíz–, y qué nivel de la Administración es el más eficiente en la prestación de cada uno los servicios públicos. E igualmente sería necesario debatir la creación de un sistema de intervención del gasto en todas las administraciones, pero controlado por el Estado, que para eso es el que paga, con el fin de evitar el derroche y la corrupción a que nos tienen acostumbrados las autonomías y los ayuntamientos.
Y eso por no hablar de racionalizar el contenido de toda una serie de competencias –¿qué sentido tiene que cada autonomía tenga, como mínimo, una universidad pública cuando la demografía provoca que haya cada vez menos universitarios?– cuyo ejercicio sólo sirve para derrochar más y más recursos. A partir de ahí, quien quiera gastar más en embajadas, en universidades y demás cosas innecesarias, que suba los impuestos. Ese es el debate que tendría que estar produciéndose en estos momentos, no esa discusión electoralista sobre los pagos de las autonomías que no conducen más que a agravar nuestra situación fiscal y, con ella, la económica. Ahí está nuestra prima de riesgo en máximos y al alza para certificarlo.