Gobierno y autonomías andan de nuevo a la gresca a cuenta tanto de los dineros de más que el Estado adelantó a los ejecutivos regionales como del reparto de la carga del saneamiento presupuestario que tiene que llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas españolas para superar la actual crisis fiscal. Y, como el enfrentamiento está servido, la prima de riesgo vuelve a subir.
Al Estado ahora le han entrado las prisas por empezar a registrar ingresos en las arcas de Hacienda, no tanto para poder cuadrar mejor sus cuentas –porque esas devoluciones que reclama a las autonomías no contabilizan a efectos de déficit público– cuanto para disponer de recursos con los que financiar las ocurrencias del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo ‘Paro’ Rubalcaba, a quien ahora no se le ha venido a la cabeza nada mejor que reeditar la política de los 400 euros como engañifa para 600.000 jóvenes que percibirían ese dinero en época electoral a cambio de seguir un curso de formación que, de paso les sacaría de las listas del paro y maquillaría las cifras de desempleo. Es decir, en tiempos de necesaria austeridad, el PSOE quiere recursos públicos para invertir en su candidato, con independencia de que ese sea un lujo que la economía española ahora no se puede permitir ni de lejos. No es de extrañar, por tanto, que las autonomías pongan el grito en el cielo y digan que necesitan más tiempo para devolver los dineros que adeudan a Hacienda.
El Gobierno, además, pretende que los Ejecutivos regionales se aprieten todavía más el cinturón, cosa que me parece muy bien porque de lo que se tienen que dar cuenta los políticos españoles de todo signo es de que la fiesta se ha acabado y de que ya no pueden, ni podrán, seguir gastando como antes, como si todo lo que le pasa a la economía española, y por ende a la recaudación fiscal, fuera poco menos que una tormenta pasajera cuando, en realidad, se trata de un problema estructural. Pero para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos, y tiene que seguir por aplicar la misma vara de medir a todos. No se puede permitir que a unas autonomías se les pretenda obligar a reducir más y más sus gastos mientras con Cataluña y Andalucía hay manga ancha en todo momento simplemente por los intereses electoralistas del PSOE. Si el Gobierno central no actúa de esta manera, el conflicto con las autonomías estará servido y entonces no habrá forma de rebajar la prima de riesgo, porque Zapatero volverá a demostrar que ni cuenta con la capacidad necesaria para gobernar este país en estos tiempos difíciles, ni tiene la menor intención de que el Estado central haga la parte de los deberes presupuestarios que le corresponde.