En toda Europa, los medios de comunicación próximos al poder político llevan meses arremetiendo contra las agencias de calificación, convertidas en un propicio chivo expiatorio. Desde los medios conservadores portugueses, próximos al nuevo primer ministro Pedro Passos Coelho, hasta la prensa cercana al Gobierno socialista español, todos coinciden en señalar ahora la mala calidad de las evaluaciones que estas agencias realizan. Son los mismos medios y los mismos Gobiernos que durante décadas se basaron en los ratings de esas mismas agencias para presumir de la sostenibilidad de su deuda soberana.
Los Gobiernos europeos pagan en general sumas sustanciosas a esas entidades de medición para que analicen y califiquen los instrumentos de deuda que emiten. No deberían hacerlo, y tampoco debería exigirse licencia ni permiso alguno para evaluar un determinado activo, ya sea público o privado.
Las agencias de calificación constituyen un sector pequeño, oligopólico y ciertamente "no europeo". Esto último es lo menos importante, por más que los medios oficialistas lo apunten constantemente para intentar desacreditarlas ante el ciudadano europeo (y particularmente el español), tan proclive a desconfiar de los Estados Unidos. Lo realmente preocupante de este sector es la escasa competencia, que se traduce en una considerable similitud de los datos que ofrecen los pocos agentes que en él operan, y sobre todo el haber crecido en cierta medida al amparo del poder político. Obviamente, estos problemas no se resolverán impulsando desde la cúpula política de la UE una o más agencias supuestamente alternativas. Tales entidades nacerían bajo la sospecha de una connivencia aún mayor con el poder político, y sus ratings tendrían tan poco valor como la propia deuda soberana que pretendieran acreditar.
Al final, la calificación de cualquier inversión, ya se trate de títulos privados o de deuda emitida por los Estados, es sencillamente la emisión de una opinión experta. Esa facultad se enmarca en el derecho fundamental e inalienable que cualquier persona o empresa tiene a la libertad de expresión y de información. Corresponde al público, en este caso a los inversores, decidir si quieren guiarse poco, mucho o nada por las evaluaciones de unos u otros institutos de calificación. En circunstancias normales de mercado, habrá una sana y plural actividad de opinadores y calificadores diversos, y sólo su prestigio hará que una parte de los inversores siga sus consejos. Lo anormal es, como siempre, la intromisión de los Estados en este sector, por la doble vía de licenciar y pagar a las agencias, desacreditando su trabajo y elevando artificalmente las barreras de entrada al sector.
Arremeter ahora contra las agencias de calificación (igual que contra los supuestos "especuladores" malvados que nos "atacan") es una pataleta que sólo busca esconder la dura realidad: los inversores ya no confían tanto en la capacidad de los Estados para pagar su deuda. Y su comportamiento inversor es el único rating que de verdad importa.