El acuerdo alcanzado por los líderes de la UE para salvar a Grecia supone el reconocimiento de facto de la suspensión de pagos del país heleno. Este es el primer paso necesario para poder resolver el problema y, por fin, unos y otros se han decidido a darlo. El acuerdo contiene elementos positivos. Sin embargo, no entra en las cuestiones de fondo que han llevado a los griegos al colapso económico y han puesto en serias dificultades a Irlanda, Portugal y Grecia.
Lo mejor del acuerdo del jueves es que, por fin, se implica al sector privado en la solución del problema. La banca europea ha actuado de forma imprudente, prestando y prestando a Grecia a pesar de saber desde hace tiempo que su situación fiscal no era buena. Pero como nunca creyeron que la UE fuera a dejar caer a ningún país del euro, siguieron asumiendo riesgos. Ahora van a tener que pagar parte de la factura, mediante reestructuraciones de la deuda griega, con intereses más bajos, plazos de pago más amplios y, además, un periodo de carencia de diez años antes de que el país heleno tenga que empezar a hacer frente a estos compromisos. Esperemos que con ello aprendan la lección.
La otra parte buena del acuerdo es que la reestructuración de la deuda y la moratoria en su pago, sin las cuales el país nunca podría salir adelante: conceden a Grecia una oportunidad para que las reformas que tiene que llevar a cabo surtan efecto, permitan sanear su economía y que ésta crezca para que los griegos puedan pagar lo que deben, porque el Gobierno de Atenas ya sabe que el día en que abandone la senda reformista, la UE y el FMI le cerrarán el grifo del dinero. Por tanto, o aprovecha la oportunidad o se atiene a las consecuencias en forma de catástrofe socioeconómica monumental.
El problema es que el acuerdo en sí no impide que situaciones como la griega vuelvan a darse en el futuro. Sí, la UE se ha dotado con mecanismos financieros de los que antes carecía y advierte a los mercados que ellos también tienen que pagar los platos que rompan. Pero los problemas de Grecia, de Irlanda, de Portugal y de España resultan de una idea equivocada cuando se puso en marcha el euro: que bastaba con la coordinación de las políticas económicas para que los países de la zona euro no tuvieran problemas tras haber perdido la independencia en política monetaria. Todo quedaba, de esta forma, en manos de la buena voluntad de los Estados y de la confianza en que todos ellos actuarían de manera racional y conforme a la ortodoxia económica. Pero como no ha sido así, nos hemos metido en el lío en el que nos hemos metido. Esta es la gran cuestión que tendrá que abordar la UE en los próximos meses para que una experiencia como la actual no vuelva a repetirse.