La Fiscalía del TSJA acusa a la Junta de vulnerar la igualdad con el Decretazo

"Vulnera el derecho fundamental de igualdad en el acceso a las funciones públicas". Es la respuesta de la Fiscalía a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el famoso Decretazo, luego Ley, promovido por el gobierno Griñán. Recuérdese que el llamado "decreto del enchufismo" consentía la entrada como empleados públicos de miles de contratados discrecionalmente por las empresas públicas andaluzas que no habían pasado las pruebas necesarias para el acceso a la Función Pública, lo que provocó una gran rebelión cívica en funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía. Ahora, la Fiscalía les da la razón y pone, de nuevo, al gobierno Griñán contra las cuerdas judiciales. El PP ya anunció en su día que si llega a gobernar derogará estas medidas y presentó recursos contra los dos primeros decretos y la Ley posterior.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) con sede en Málaga seguía un procedimiento de derechos fundamentales contra el decreto 101/2011 por el que se aprobaron los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Las asociaciones 'Al-Andalus' y 'Defiendo mi derecho y la gestión pública', que representan a unos 5.000 trabajadores públicos de la Junta según El Mundo, interpusieron el pasado 16 de mayo, un recurso contencioso-administrativo contra este decreto por el procedimiento especial de derechos fundamentales.

La Fiscalía de Málaga en su dictamen mantiene que el sistema de integración establecido en dicho decreto "vulnera la legalidad ordinaria" recogida tanto en la Constitución como en la propia Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía en su artículo 70.1.

Además, la Fiscalía añade que el personal de las nuevas Agencias de la Junta de Andalucía deben acceder a sus puestos "mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad", y también en su artículo 61 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público que regula los procesos selectivos. Por ello, la fiscal María Victoria Gutiérrez Díaz estima que "procede la estimación de la demanda".

Según la Fiscalía, con la entrada en vigor de estas medidas de la Junta, "se ha privado a las personas interesadas en acceder a dichos puestos de trabajo y que tenían derecho a optar a ellos, mediante las correspondientes ofertas de empleo público o superando las pruebas de selección. Con ello, podían acceder como personal laboral o funcionarial, pero, en todo caso, conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Recuérdese que el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 10 de Sevilla paralizó la integración del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental (Egmasa) a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, creada el 20 de abril, al apreciar una "funcionarización encubierta" ilegal de casi 4.000 empleados.