Constatada la evidencia de que resulta imposible justificar con levantamientos de fosas comunes la ingente cantidad de recursos públicos destinada a la llamada "recuperación de la memoria histórica", los políticos socialistas y sus entidades afines han decidido que cualquier cosa vale con tal de despilfarrar un dinero que no les pertenece.
En este periódico hemos demostrado que menos del treinta por ciento de las partidas destinadas a la llamada memoria histórica se emplean en la recuperación de restos de personas asesinadas durante la guerra civil. Sin embargo, nada puede parar un empeño ideológico que tiene que ver más con la propaganda que con la restitución de la dignidad de unas víctimas que, por otra parte, ya han sido resarcidas a través de numerosas iniciativas legales puestas en marcha desde la transición a la democracia.
El último capítulo de esta operación de proselitismo ideológico con cargo al contribuyente tiene lugar, cómo no, en Andalucía, la región europea más depauperada en todos los índices de bienestar, cuya Junta va a repartir numerosas subvenciones directamente para la difusión de una versión de la historia según la entienden los socialistas.
El descaro llega hasta el punto de que la propia convocatoria de subvenciones excluye aquellas iniciativas que podrían ser entendidas como un intento de recuperar los restos de las personas desaparecidas, para ir directamente a la financiación de los actos reivindicativos de las asociaciones vinculadas a la izquierda.
La propia normativa autonómica andaluza señala que el dinero a repartir deberá ir destinado a "la elaboración, recopilación o publicación, en un soporte adecuado, de investigaciones, testimonios, informes o documentos así como la celebración de jornadas, seminarios u otras actividades divulgativas o de estudio, sobre los hechos y circunstancias relacionados con la recuperación de la Memoria Histórica". Es decir, cualquier acto público destinado al revisionismo histórico, según los cánones de la izquierda, va a ser financiado con dinero del contribuyente andaluz por orden de Griñán.
Y para que nadie se quede sin su trozo de pastel, sobre todo en el plano académico, la convocatoria de estas ayudas señala, en contra de los principios básicos de toda normativa de subvenciones, que las universidades y ayuntamientos que no estén al corriente de sus pagos con la Seguridad Social también podrán trincar el dinero correspondiente, siempre y cuando lo dediquen a publicitar el revisionismo histórico impuesto por el PSOE de Zapatero.
Cuando se trata de la propaganda, hasta el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles a toda administración pública se pasan por alto. En Andalucía también.