Los socialistas españoles sólo temen a una cosa más que a convocar elecciones: tomar medidas para que España mejore.
Se recordará que, gracias a sus reglas, el FMI rechazó dar su parte del último pago de 12.000 millones de euros integrados en el rescate de 110.000 del año pasado a Grecia, salvo que tuviera garantizada financiación un año más. De ahí las garantías pedidas a los Estados, acreedores privados y autoridades griegas para sostener a Grecia. Una vez que el Parlamento griego votó las reformas y se admitió la participación privada en el previsible nuevo rescate, Grecia podía pasar el verano sin quebrar. Se esperaba pues un nuevo desembolso que se entregaría al país heleno para contentar al BCE y al consenso socialdemócrata, sin mencionar la quiebra, sino aludiendo a eufemismos destinados a calmar bolsas, políticos y juristas, como la participación "voluntaria" en las pérdidas de acreedores privados.
A pesar de tantos esfuerzos Standard & Poor’s y Moody’s, que se deben a sus clientes, han dado su veredicto. El plan de implicación de los privados supone un –según sostenían en su traducción los voceros de la propaganda oficialista– "impago selectivo". Esto se ha transformado estos días ya en una "suspensión de pagos", verbigracia: quiebra. Ello tiene consecuencias, no sólo en la interpretación política de la zona euro, sino en la jurídica de los contratos de seguro de deuda.
La ingeniosa propuesta francesa, una de las naciones cuyos bancos detentan más títulos griegos, pasa por pactar con estos para que, "voluntariamente" claro, cambien un 70 por ciento de los bonos que venzan en los próximos dos años por otros con vencimiento a 30 y un rendimiento de entre el 5,5 y el 8 por ciento, dependiente del crecimiento griego. Esto, dicen las agencias especializadas, los políticos podrán llamarle como les de la gana, pero no hay forma humana de no considerarlo una quiebra.
Al mismo tiempo, se han anunciado planes en Bélgica e Italia de recortes de entre 25.000 y 50.000 millones de euros en los próximos años. Lo peculiar de estos dos países, uno de lo cuales carece de Gobierno y el otro es el paria de Europa a decir del consenso socialdemócrata, es que son aquellos que más se parecen a España, estando mejor, en sus diferenciales con el bono alemán.
Mientras, el Gobierno español ataca a los bancos, dice que subirá impuestos y se resiste a constatar el fracaso de sus reformas de hace un año.
En este entorno, al que hay que añadir la calificación de bono basura aplicada a Portugal además de a Grecia, no implementar un plan global de revitalización económica equivale a imposibilitar la capacidad de España para pedir prestado y a seguir el camino de Grecia. El presidente del Gobierno, si todavía manda, sólo puede aplicar ese plan –lo que no hará porque no lo tiene y porque sospecha que perjudica electoralmente– o dejar que lo hagan otros.