La Unión Europea tiene muchos defectos pero hay que reconocer que, en ocasiones, resulta de gran utilidad para resolver problemas de carácter nacional cuando en una de las partes impera el cerrilismo y la sinrazón. Todo esto viene a colación de la votación en el Parlamento Europeo de la directiva sobre etiquetado de los productos, en la que se ha rechazado la enmienda de los eurodiputados catalanes –¿qué hacía el PP apoyándola?, ¿es eso un reflejo de su idea de España?– que pedían que se pudiera etiquetar solo en catalán.
La cuestión tiene mucho fondo. En primer lugar, Estrasburgo ha rechazado las pretensiones catalanistas porque el catalán no es una lengua oficial de la Unión Europea. Ésta sólo reconoce como tales a los idiomas oficiales de los Estados, no de los niveles administrativos inferiores, como nuestras autonomías. Es más, en algunas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, como la contraria a las vacaciones fiscales vascas, la UE ya advierte que las autonomías, les guste o no, no son más que una parte de la Administración Pública española, sin entidad política propia. Ahora, con esta votación sobre el etiquetado, la UE vuelve a insistir sobre ese principio, y lo hace porque no quiere dar pie bajo ningún concepto a que en cualquier otro Estado miembro se repitan los problemas que tenemos en España con los nacionalismos catalán y vasco.
Además, las pretensiones catalanas vulneran algunos preceptos fundamentales de la construcción europea incluidos en el Tratado de la UE, fundamentalmente dos de ellos: el de libertad de circulación de bienes y el de libertad de inversiones. ¿Por qué? Porque las sanciones a las empresas que no etiqueten en catalán vulneran esos principios al impedir o dificultar la comercialización de aquellos productos etiquetados en castellano. Por elevación, eso equivale a decir que la política de inmersión lingüística es contraria a los preceptos comunitarios que constituyen los pilares fundamentales del mercado único europeo y, como es lógico, no se puede ir contra ellos. El rechazo a la enmienda catalana por parte del Parlamento Europeo también tiene mucho que ver con ello. Los eurodiputados catalanes deberían saberlo y, por ello, abstenerse de llevar a Estrasburgo sus cuitas con el Estado español porque el resultado final va a ser siempre el mismo: un estrepitoso fracaso porque lo que plantean es contrario a lo dispuesto en el Tratado de la UE. Como allí son serios, las instituciones comunitarias no se andan con chiquitas cuando se trata de defender el acervo comunitario, no como aquí, donde el Gobierno y las instituciones siempre claudican ante los deseos de los nacionalistas. Pero allí es diferente.
Por ello, debe haberles causado cuando menos risa el comunicado posterior de los eurodiputados catalanes amenazando con promover la independencia de Cataluña, porque la secesión de España implica también el abandono de la UE, de su mercado único y de su moneda. Y eso conlleva la salida de Cataluña de las empresas extranjeras, de las españolas y de muchas catalanas, así como, y en última instancia, la quiebra de la propia región, que no podrá pagar ni su deuda ni sus pensiones. A ver si se enteran de una vez por todas de que con Zapatero podrán jugar, pero con la UE no.