El debate sobre el estado de la Nación ha arrojado, a grandes rasgos, dos conclusiones acerca de los principales partidos que gobiernan España: la irrealidad permanente e ignorancia supina en la que vive instalado Zapatero desde el inicio de la crisis; y la inconcreción manifiesta, al tiempo que preocupante, propia de la naturaleza que ostenta el líder de la oposición. Siendo la irresponsabilidad del presidente algo asumido ya por todos, cobra especial relevancia la alternativa económica que llevará a cabo el PP si, como apuntan todas las previsiones, Mariano Rajoy se convierte en el próximo presidente del Gobierno.
El este sentido, el líder popular se enfrentará, básicamente, a dos retos. Por un lado, la necesaria contención del gasto público para cumplir con los objetivos de déficit, así como la implementación de las profundas reformas que aún están pendientes; por otro, y siempre y cuando se cumpla lo primero, aguantar la durísima y constante presión a la que su Gobierno se verá sometido no sólo por el resto de grupos parlamentarios sino, sobre todo, por los sindicatos y los grupos organizados bajo la bandera del 15-M.
A España aún le queda mucho por hacer para posibilitar unas bases sólidas sobre las que cimentar la recuperación económica. Y la mayoría de medidas encaminadas a este fin serán, sin duda, impopulares. El problema, sin embargo, es que, a la vista de las iniciativas planteadas hasta el momento por el PP, Rajoy está todavía en pañales. Su programa económico está repleto de vaguedades, aunque revestido de buenas intenciones. Las quince propuestas de resolución formuladas tras el debate no son más que un compendio de titulares electoralistas, meras consignas carentes de contenido, puesto que en ningún caso se especifica cómo se llevarán a cabo. Repasemos algunas...
Rajoy pide límites al gasto público y a la deuda. Pero limitar el gasto no solventa nada. Si algo ha demostrado la historia, inclusive esta crisis, es que los hipotéticos techos al despilfarro gubernamental son puras soflamas de piernas muy cortas: las condiciones impuestas por el Tratado de la UE –déficit máximo del 3% del PIB y deuda del 60%– saltaron de inmediato por los aires con la crisis e, incluso, fueron incumplidas reiteradamente por varios países durante la época de bonanza económica; EEUU ha elevado casi 80 veces su techo de deuda desde los años 60; Zapatero, por su parte, modificó la Ley de Estabilidad Presupuestaria nada más alcanzar el poder para poder expandir el gasto; además, lo que España necesita no es limitar el crecimiento del gasto sino recortarlo de forma drástica, lo cual es muy distinto.
En esta misma línea, también aboga por la "austeridad" y la "racionalización" en todas las administraciones a fin de evitar gastos superfluos. Reducir coches oficiales y altos cargos está muy bien, pero no deja de ser un ejercicio demagógico y populista. El sobredimensionado sector público no deriva de esas pequeñeces sino de las grandes partidas, tales como pensiones públicas, sanidad, educación y el enorme conglomerado de empresas en manos de los políticos estatales, autonómicos y locales. Es decir, la clave radicará en reformar el enorme Estado de Bienestar que soportan los contribuyentes y no en inútiles maquillajes para contentar a los electores.
En este sentido, el programa del PP habla de "garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales" pero, nuevamente, no dice cómo. Sólo hay dos fórmulas: o más impuestos (copago inclusive) o menos prestaciones. ¿Qué vía escogerá Rajoy? Aún está por ver. Todo ello entronca, además, con la necesaria reforma de la financiación territorial. ¿Sustituirá el concepto de "solidaridad interterritorial" por el de "corresponsibilidad fiscal? Lo dudo, aunque la respuesta sigue en el aire.
Por último, promete impulsar el saneamiento del sector financiero y la creación de empleo. Sin embargo, el PP ha ido de la mano del PSOE en el rescate de las cajas, apostando por su nacionalización y salvamento, mientras que la palabra "liberalización", clave de toda reforma laboral, brilla por su ausencia en todo su documento de propuestas.
Aún así, y contando con que Rajoy efectúe las reformas precisas, sindicalistas e indignados se mantendrán al acecho para asaltar las calles a las mínimas de cambio con el objetivo de dificultar tales medidas. Una compleja situación que tendrá que afrontar con mano de hierro, al más puro estilo Thatcher, para salir victorioso. Por desgracia, la pugna se decanta por el momento del lado de los indignados después de que el PP aceptara una dación en pago light para atenuar la carga de los hipotecados. En definitiva, grandes retos, muchas dudas y, por el momento, pocas respuestas.