La gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno de Zapatero constituye todo un catálogo de errores de política económica al que el Ejecutivo de ZP va a añadir uno más: la operación de salvamento de ayuntamientos y comunidades autónomas, que va a ser algo parecido a lo que antes se hacía cada cierto tiempo con los clubes de fútbol. Estos se endeudaban hasta las cejas y cuando estaban al borde de la quiebra el Estado tenía que salvarlos. Una vez saneadas sus cuentas, volvían a las andadas y el ciclo comenzaba de nuevo. Pues éste círculo vicioso se va a repetir con las autonomías y las corporaciones locales, lo cual no solo debe impedirse por lo pernicioso que resulta en sí mismo, sino porque existen otras soluciones.
No debemos olvidar que el sistema de financiación autonómica se basa en el principio de corresponsabilidad fiscal, es decir, que quien quiera gastar más tiene que subir los impuestos. Pues bien, los dirigentes autonómicos todavía no comprenden que nunca más podrán contar con ingresos tributarios tan importantes como en el pasado para financiar su inmenso derroche porque ni los impuestos ligados a la vivienda van a volver a ser lo que eran, ni su recaudación por los tramos cedidos del IRPF y del IVA, ya que tenemos desempleo para rato y estamos abocados a un proceso de congelación y/o disminución de los salarios para salir del pozo en el que estamos hundidos. Lo lógico, por tanto, es que ajusten sus pagos a esta realidad y si quieren gastar más, entonces que suban impuestos y den la cara ante sus ciudadanos de una vez por todas, explicándoles de verdad qué es lo que hacen con los dineros que sacan de sus bolsillos. Porque el Estado da muchas explicaciones, pero las autonomías pocas o ninguna. En consecuencia, el Gobierno central debería olvidarse del plan de rescate de las autonomías y obligarlas a recortar gastos o a subir impuestos para cuadrar sus cuentas. Así no volverán a las andadas. Lo que ocurre es que como Zapatero quiere salvar de la quiebra a la Andalucía socialista y es prisionero de la Cataluña insolidaria y egoísta que presiona en el mismo sentido, no tiene más remedio que acometer esa operación de salvamento que, para que no cante, se va a convertir en una especie de café para todos.
En cuanto a los ayuntamientos, lo que tiene que hacer el Gobierno es diseñar de una vez por todas un plan de financiación de las corporaciones locales, que involucre también a las autonomías en un proceso de descentralización hacia abajo, y que permita que los ayuntamientos dejen de especular con el suelo para poder financiarse. El régimen de financiación local es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia y este es un momento inmejorable para aprobarla. Lo que no se puede hacer es seguir con este sistema de incentivos perversos al gasto que, en el caso municipal, resulta además en una intervención perniciosa sobre el suelo que explica los disparatados precios de la vivienda en España.