El Debate sobre el estado de la Nación que acaba de concluir será recordado como el último de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Pero también podría ser muy importante para las cuentas públicas españolas si se aprueban finalmente dos de las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo en los últimos días y reiteradas por los grupos nacionalistas.
Por un lado, Zapatero anunció en su discurso inaugural que el ICO iba a abrir una línea de crédito para los ayuntamientos morosos con el fin de pagar a los proveedores a los que éstos debieran facturas. El ICO aportará hasta 3.400 millones de euros para tal fin.
Por otro, Duran i Lleida (CiU) pidió al Gobierno que la hucha de las pensiones, que ya compra deuda pública del Tesoro, adquiera los bonos patrióticos emitidos por las regiones endeudadas. Además, los nacionalistas, de cara a negociar los próximos proyectos legislativos, han incluido en su catálogo de peticiones que Hacienda avale las próximas emisiones de deuda regional. Es decir, un rescate por la puerta de atrás.
Ayuntamientos: el ICO al rescate
Zapatero vendió en el Debate que el préstamo a través del ICO será, sobre todo, una ayuda a los proveedores ahogados por las deudas de sus municipios. Sin embargo, el anuncio tiene una doble lectura. Y es que, los alcaldes morosos podrán desviar parte de sus deudas y alargar el plazo de los pagos utilizando este instrumento.
La mecánica será la siguiente: por un lado, el ICO pagará directamente a los proveedores. Esta cantidad se seguirá contabilizando como deuda del ayuntamiento, pero el nuevo acreedor será el ICO, que otorgará un nuevo préstamo por tres años al municipio, con el aval de los impuestos que el Estado reparte cada año a la administyración local.
De esta manera, al menos en teoría, si el ayuntamiento no paga, será el Gobierno central el que le abone al ICO el préstamo y el alcalde moroso de turno se quedará sin su parte de los ingresos estatales. Sin embargo, habrá que ver cómo se aplica esto finalmente y si el Gobierno es tan estricto como aparenta en la restricción de fondos a los municipios. Además, incluso aunque así sea, lo cierto es que lo anunciado esta semana supone un cambio de deuda: el ayuntamiento borrará de sus cuentas lo que debe a los proveedores a cambio de un crédito estatal que pagará dentro de tres años.
Que el Gobierno, a través del ICO, pague deuda municipal a cambio de que el ayuntamiento le devuelva el dinero en tres años no deja de ser una refinanciación cuyo esquema recuerda mucho, aunque con matices, al plan de rescate internacional otorgado a Grecia, Irlanda y Portugal.
CCAA: avales y Fondo de Reserva
La segunda parte, la autonómica, tiene aún más calado. Desde hace año, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la famosa hucha de las pensiones) ha invertido en deuda pública de diferentes países. De esta manera, intentaba aumentar su capital sin incurrir en grandes riesgos. Desde el inicio, la deuda española fue uno de sus principales activos, junto con los bonos de otros países con la calificación triple A (máxima calidad).
El problema es que España, desde hace unos meses, ya no tiene esa triple A. Las tres grandes agencias de calificación (Fitch, Standard&Poors y Moody’s) han rebajado la nota de España. El 87% del fondo está en deuda del Tesoro, tal y como avanzó Libre Mercado, con el resto repartido entre bonos alemanes, franceses y holandeses. Sólo las letras y bonos hispanos están por debajo de la máxima calificación.
Hasta aquí lo ya sabido. Lo novedoso es que el Ejecutivo podría estar pensando en comprar también deuda autonómica de forma directa (de menor calidad, incluso, que la deuda estatal). De hecho, ésta es una petición de CiU a la que el Ejecutivo no se ha negado. Este jueves, Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, aseguraba que durante este añ, el Fondo sólo invertirá en deuda del Tesoro, pero abría la puerta a la posibilidad de comprar bonos autonómicos si hay acuerdo parlamentario. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya había insinuado el miércoles que esta posibilidad no era inviable.
Además, CiU ha incluido en el paquete negociador con el Gobierno la petición de que las próximas emisiones de deuda regional (refiriéndose a al catalana) estén avaladas por el Estado. Es una forma de rebajar el coste de emisión (que en estos momentos es altísimo, un 4,25% a un año más un 3% de comisión bancaria), pero también de traspasar parte del marrón al Gobierno: si el Ejecutivo autonómico finalmente no puede pagar serán todos los españoles con sus impuestos los que tendrán que poner el dinero para satisfacer a los acreedores.
Esta iniciativa adopta, nuevamente, la forma de un rescate, sólo que a nivel auotnómicos. Hace meses que el mercado financiero cerró el grifo del crédito a algunos gobiernos regionales debido al elevado descuadre de las cuentas públicas. Ante tal situación, algunas regiones, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, optaron por emitir bonos patrióticos, es decir, por vender deuda pública a los ciudadanos. Pero el coste de estas emisiones es muy elevado, superior al 7% a un año, un precio insostenible.
Cataluña pretende rebajar el coste de emitir deuda mediante el aval del Estado y la compra directa de sus bonos por parte de la Seguridad Social. El Gobierno acaba de abrir la puerta a esta medida que, en caso de aprobarse, podría extenderse con rapidez al resto de CCAA con graves problemas financieros. El rescate autonómico empieza a tomar forma.