Alfredo Pérez Rubalcaba ha presentado este viernes tras el Consejo de Ministros, muy orgulloso, la última modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El vicepresidente ha señalado que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado.
En su opinión, es una norma "bastante sensata" que busca limitar el gasto en el tiempo. "Vamos a la austeridad", ha asegurado el ministro del Interior. Además, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo por el que insta a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a proponer esta regla de gasto a las comunidades autonómas para buscar un acuerdo político en todas las administraciones.
Con estos cambios, el Gobierno quiere dar una sensación de rigor y control del gasto público. El problema es que viendo el sistema que ha escogido el Ejecutivo todo esto puede quedar en papel mojado.
De esta manera, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía española. ¿Cómo se calcula esto? La tasa se define como el crecimiento medio del PIB en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y los tres siguientes. Además, a este resultado se le sumará la tasa prevista de inflación.
En 2011, este cálculo permitiría un límite de gasto superior al 6%. Los incrementos del PIB nominal desde 2006 a 2014 (los últimos cuatro en base a previsiones) son, según el INE y el Ministerio de Economía: 8,31% - 7,04% - 3,28% - (-3,14%) - 0,8% - 2,6% - 3,8% - 4,1% -4,5%. Si a la media de estos nueve ejercicios le sumamos la inflación esperada para este año (2,75%), el resultado es de 6,22%. ¿Austeridad?
En principio, esta norma no afectará demasiado al Gobierno central, que ya ha anunciado un incremento del gasto algo menor. Sin embargo, sí es importante en lo que hace referencia a las administraciones locales. Numerosos ayuntamientos han adquirido compromisos de gasto que ahora no pueden afrontar. Este mismo viernes se ha sabido que el Gobierno habilitaba una línea de crédito en el ICO para que los proveedores pudieran cobrar lo que les adeudan los municipios (en algunos casos desde hace dos o tres años). Sin embargo, el Ejecutivo permitirá a las grandes corporaciones locales (90 ayuntamientos y 38 diputaciones) que incrementen su gasto en un 6% este mismo año.