Los 12.000 millones que la UE extenderá a Grecia apenas sirven para cubrir el servicio de su deuda para este año. Con el draconiano plan de ajuste, el país ha comprado tiempo a la espera de que, si todos los vientos soplan a favor –crecimiento moderado, paro estancado, ingresos fiscales estabilizados a niveles de 2008, gastos públicos en retroceso, ausencia de turbulencias y temores en los mercados financieros que no disparen la prima de riesgo...–, Grecia pueda ir haciendo frente a su deuda.
El plan de ajuste tiene dos partes: privatizaciones y reequilibrio presupuestario. La idea de las privatizaciones es reducir en cinco años la deuda pública total desde los 330.000 millones de euros a los 280.000 (del 150% del PIB al 120%). Con el reequilibrio presupuestario, se busca minorar el déficit en alrededor de 6.000 millones anuales: tomando el último dato oficial de 2010, eso significaría pasar de un déficit de 22.000 millones (9,5% del PIB) a otro de 16.000 millones (7% del PIB).
Pero, como decíamos al principio, alrededor de 12.000 millones se corresponden con el servicio de la deuda, esto es, con la devolución de principal e intereses. Así pues, tras el plan de ajuste, el déficit primario de Grecia (antes de pagar la deuda) caería a alrededor de 4.000 millones (1,5% del PIB). Cualquier evolución positiva de los ingresos fiscales significaría entrar en superávit primario y, a partir de ahí, se podría ir amortizando año a año una parte de la deuda (la otra se iría refinanciando), reconduciéndola a largo plazo a ratios sobre el PIB más razonables.
Ese es, grosso modo, el plan de Bruselas. ¿Puede salir bien? Sobre el papel, podría. A la hora de la verdad, es dudoso. De entrada porque, en el mejor escenario concebible, el país se encontrará permanentemente en el filo de la navaja y, con semejante incertidumbre sobre su solvencia, es dudoso que los tipos de interés vuelvan a caer a unos niveles que hagan posible refinanciar sus pasivos sin incrementar el endeudamiento total del país. Y de salida porque la mitad del plan de ajuste se construye sobre duros aumentos fiscales que lastrarán el crecimiento económico: un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, un nuevo tributo de solidaridad de entre el 1% y el 5% de la renta familiar, un incremento del IVA (del 19% al 23%) y de los impuestos especiales, y la eliminación de numerosas exenciones y de un tercio del mínimo vital exento.
Lo peor de todo esto es que Grecia es un Estado solvente, pero que no puede intervenirse concursalmente como cualquier empresa privada para proceder a la liquidación y al repago de sus deudas. Para unos pasivos totales de 330.000 millones de euros, el Estado griego posee unos activos valorados en 300.000 (en concepto de suelo, edificios, empresas públicas, etc.), de los cuales sólo ha accedido a privatizar 50.000. En caso de haberse desprendido de todas estas propiedades públicas –algo deseable per se, al margen de la situación financiero del Estado–, el monto de deuda se reduciría a niveles muchísimo más manejables que devolverían la credibilidad exterior al país.
Pero los políticos se niegan a privatizar (apenas han accedido, por ejemplo, a vender una décima parte de la compañía de telefonía nacional griega). Prefieren exprimir tributariamente a la población para, pasado un tiempo, volver a estar, como hasta hoy, al borde del abismo. Un sufrimiento en gran parte necesario –se acabó la era del crédito barato y hay que apretarse el cinturón– pero que se convertirá, por la obstinación socialista de los políticos helenos, en estéril. Lástima que España, en eso, tampoco se diferencie de Grecia.