Durante su discurso sobre el Debate del estado de la Nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, enfatizó el papel protector del Estado bajo el argumento de la "cohesión social, porque hay que repartir con la mayor equidad posible los costes de superación de la crisis y prevenir el riesgo de salir de ella agravando las diferencias sociales".
Así, dando por buenas las reformas anunciadas hasta el momento para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento, pese a resultar insuficientes para la mayoría de analistas y organismos internacionales, Zapatero insistió en reforzar el Estado de Bienestar, ya que "todas las reformas son necesarias, pero no a costa de romper los equilibrios sociales básicos o de quebrar nuestro modelo social y constitucional. A costa de eso, no".
Así pues, siguiendo esta línea, anunció tres nuevas medidas, de las que tan sólo una está centrada en contener el gasto público: un techo de gasto para las CCAA; una iniciativa para frenar los desahucios hipotecarios; y un plan para paliar la morosidad municipal que sufren las empresas.
Techo de gasto autonómico
Así, empezando por la primera, el presidente alertó de la "existencia de incertidumbres" en cuanto al déficit público que presentan algunos gobiernos autonómicos. Por ello, "para garantizar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo, el Gobierno propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto en las autonomías similar a la que se va a aprobar en el Estado y en las Corporaciones Locales. El Gobierno remitirá esta última a la Cámara en las próximas semanas".
De este modo, el Gobierno pretende ahora imponer un techo de gasto a las CCAA, tal y como exigía la Comisión Europea y otros organismos internacionales. Y ello, pese a que esta necesidad ha sido negada reiteradamente por el Ejecutivo en los últimos meses. La idea consiste en que el gasto público de las regiones no pueda crecer por encima de la suma de los crecimientos del PIB y de la inflación de cada comunidad.
Esta medida, junto a la reducción del techo de gasto estatal en los Presupuestos de 2012, daría por concluidos los esfuerzos del Gobierno para contener el déficit público. Zapatero sigue confiando en que España cumplirá la senda de consolidación fiscal impuesta por Bruselas. "Habrá que tomar acciones decididas [en referencia a los recortes ya anunciados], pero se hará de manera selectiva, preservando el gasto social, lo que ha sido una seña de identidad de todo el proceso de consolidación fiscal", insistió Zapatero.
Ejecuciones hipotecarias
"Precisamente, a la protección social, tercer gran eje de la acción del Gobierno, quiero referirme a continuación", enfatizó Zapatero. "La defensa del Estado de Bienestar ha sido siempre preocupación y prioridad del Gobierno. Lo fue en momentos en los que la evolución económica era favorable, donde aprovechamos para ampliarlo. Lo es, aun con mayor intensidad, ahora, cuando las consecuencias de la crisis han afectado a muchos ciudadanos y la necesidad de velar por la cohesión social es más acuciante".
Con estas palabras, el presidente anunció la segunda gran novedad de la sesión de esta mañana. "El Gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca. En las próximas semanas, aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias".
Ingresos embargables
En esta materia anunció dos novedades. Por la tarde, en una réplica al diputado de CiU Josep Antoni Durán i Lleida, Zapatero afirmó que la cantidad no embargable para deudas hipotecarias que tengan las familias se situará en 961 euros, es decir, el salario mínimo interprofesional (SMI), 641 euros, más un 50%. Esto cubriría casi a la mitad de los asalariados españoles. Según un estudio de los inspectores de Hacienda en 2009, 10,8 millones de empleados, el 57%, ganan menos de 1.100 euros al mes.
Para estas personas, la aprobación de esta norma supone, de facto, una especie de amnistía respecto a su crédito hipotecario: aunque deban dinero al banco, no tendrán que pagar ningún porcentaje de sus ingresos.
Zapatero subrayó que este importe se incrementaría un 30% adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.
El presidente recordó que este incremento del 50% es bastante superior al porcentaje del 10% que se acordó en el llamado Pacto de Zurbano para la inembargabilidad en procesos de ejecuciones hipotecarias. Este incremento, recalcó Zapatero, pretende evitar que las familias en proceso de ejecución entren en una situación auténticamente insostenible y añadió que supondrá un importante alivio para ellas.
"Subastas abusivas"
En segundo lugar, el presidente aseguró que el Gobierno está estudiando medidas para poner coto a los procesos de ejecución hipotecaria que incurren en subastas "abusivas". El presidente abrió así la puerta a la dación en pago, iniciativa que ha sido discutida en el Congreso y que, sin embargo, fue rechazada por el PSOE. Pero ahora Zapatero parece dar marcha atrás. Algunas sentencias recientes han levantado un intenso debate en torno a las subastas de pisos embargados, permitiendo que la entrega de llaves salde la deuda.
La dación en pago es, además, una de las principales demandas del movimiento 15-M. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, integrada en el 15-M, presentó recientemente una iniciativa en esta misma línea.
En concreto, proponen un modelo similar al aplicado en Alemania o Portugal, donde la ley contempla un proceso de negociación que puede conducir a la condonación parcial de la deuda, cuando se trate de "deudores de buena fe". Demandan una "dación en pago integrada bajo una forma de imperativo legal y tutelada por la autoridad judicial".
La idea consiste en que la entrega de llaves salde la deuda, bajo supervisión judicial, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones: "la buena fe del deudor, justa causa que haga imposible el pago de cuotas (pérdida de empleo, enfermedad, separación o divorcio, etc..) y, finalmente, que la vivienda sometida a ejecución sea la residencia habitual y única del deudor".
"Si el Tribunal valora que concurren los elementos anteriores dictará resolución en la que adjudicará el bien al acreedor dando éste por satisfechas todas las cantidades que, por el principal e intereses, vencimientos del préstamo e intereses de demora y costas, se adeuden", según dicha iniciativa.
Además, puesto que este cambio no se podría aplicar con carácter retroactivo, esta plataforma propone que el Gobierno conceda "ayudas públicas" a las entidades para que acepten la dación en pago en los procesos de ejecución ya en marcha. Aún se desconoce cuál será la propuesta concreta del Ejecutivo en esta materia, pero la "protección de las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria" apunta en esta dirección, o bien la dación en pago o bien la concesión de ayudas públicas.
Línea ICO contra la morosidad municipal
Por último, tal y como venían reclamando las asociaciones de pymes y autónomos, Zapatero ha anunciado "nuevas medidas para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, ante las Entidades Locales".
Sin embargo, esta iniciativa no parte del Gobierno. Las asociaciones de alcaldes de los principales partidos políticos, PP y PSOE, han instado a la sede central de los mismos la apertura de una línea Instituto de Crédito Oficial (ICO) contra la morosidad de los ayuntamientos para que los autónomos y PYMES puedan cobrar el dinero que les deben. Esta línea ICO tiene como principal objetivo dotar a los consistorios de la liquidez necesaria para poder pagar estas facturas.
En julio del pasado año, el Grupo Popular en el Congreso ya propuso esta línea de crédito ICO para ayuntamientos durante el trámite parlamentario de la Ley de Morosidad, pero también fue rechazada por el PSOE.
Los detalles de la iniciativa los anunciaba el presidente del Gobierno por la tarde, también en su réplica a Durán i Lleida. De esta manera, el ICO, a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo.
El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirá la garantía final del préstamo. El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendientes y la morosidad.
El resultado es que Zapatero aprieta a los ayuntamientos. Por un lado, les paga las deudas pero, por otro, les amenaza con quitarles los ingresos que reciben del Estado (y que son muy importantes en la mayoría de los casos). Evidentemente, el resultado final dependerá de la dureza del Ejecutivo central con las corporaciones municipales. Si les paga la deuda y luego no les cobra a través de esos impuestos entonces sólo estará resolviéndoles la papeleta a los alcaldes morosos. Sin embargo, si cumple su amenaza, los municipios endeudados verán un castigo cierto (en forma de menos ingresos) al tiempo que sus proveedores verán satisfechas parte de las deudas.