La sección 1502 de la ley de reforma financiera Dodd-Frank obliga a las empresas que compran ciertos minerales a presentar un informe anual detallando lo que hacen para asegurarse de que dichos minerales son "libres de conflicto", es decir, que no provienen de zonas donde se están produciendo conflictos armados. El oro es uno de estos minerales y la ley americana nombra específicamente a la República Democrática del Congo y países cercanos como "zonas de conflicto".
Hace once años, el Congreso Mundial del Diamante ya adoptó una serie de medidas para asegurarse de que los diamantes no procedían de zonas de conflicto. Se ha especulado que el principal productor de diamantes, DeBeers, podría ser el impulsor de estas medidas con el objetivo de limitar la oferta, con lo que se mantiene elevado el precio del producto. En concreto, lo que se hace es certificar el origen de cada diamante asegurándose de que es producido mediante un procedimiento estandarizado denominado Proceso Kimberley.
Una diferencia crucial entre el oro y los diamantes, sin embargo, es que el primero puede fundirse. Se puede mezclar oro de diferentes procedencias y fabricar un lingote nuevo, con lo que la certificación es, cuando menos, complicada. Según el propio Consejo: "Como resultado de su valor inherente y el alcance del uso a los que se puede poner el oro, es rehusado y reciclado constantemente. El oro extraído por los egipcios hace miles de años es tan susceptible de convertirse en parte de un teléfono móvil mañana que el oro que se produce usando las técnicas mineras modernas".
Consciente de esta dificultad para la certificación, el Consejo Mundial del Oro ha publicado un borrador en el que esboza sus propuestas para establecer dos estándares, a saber: el oro libre de conflicto y la cadena de custodia. Ambos constituyen "un marco para seguir la pista al oro libre de conflicto desde la mina hasta el final del proceso de refinado, y un marco para asegurar que donde se mina el oro en zonas de conflicto o de alto riesgo su producción o transporte no financian o benefician a grupos armados".
El Consejo ha tardado casi un año en elaborar esta propuesta de 42 páginas y ha establecido un plazo hasta el 1 de septiembre para que las partes interesadas puedan dar a conocer sus opiniones.
El Director Ejecutivo del Consejo Mundial del Oro, Aram Shishmanian, ha declarado que "la minería responsable del oro contribuye positivamente al desarrollo económico y social en los países productores tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad. El mal uso del oro para financiar conflictos es completamente contrario a esta misión y es una amenaza para la reputación del oro".
En cuanto a las dificultades para implementar dichos estándares, según Shishmanian: "El mercado del oro es particularmente complejo. Es difícil seguir la pista a envíos específicos desde la mina hasta el usuario final porque el oro fácilmente se funde y cofunde con oro de otras fuentes. Así que el éxito de cualquier sistema de certificación dependerá de la cooperación y compromiso de muchas partes en la cadena de suministro del oro".
"El trabajo sobre los estándares está muy avanzado, pero queremos que todos aquellos comprometidos en tratar el asunto del conflicto contribuyan con sus ideas. Nuestro objetivo es un marco exhaustivo que inspire confianza, credibilidad y un amplio apoyo. Confiamos trabajar con organizaciones que usan oro para desarrollar un proceso integrado de certificación que evite la duplicación y satisfaga las necesidades de todas las partes interesadas".
No es la primera vez, en los tiempos modernos, que los gobiernos, especialmente el americano, restringen seriamente la libertad del mercado del oro. Mediante la Orden Ejecutiva 6102 el presidente Franklin D. Roosevelt obligó a "todas las personas" a "entregar antes del 1 de mayo de 1933 todas las monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro ahora en poder de ellos a un banco, filial o agencia de la Reserva Federal, o a cualquier banco miembro del Sistema de la Reserva Federal."
A cambio del oro, recibieron 20,67 dólares por onza. La pena por violar esta orden se fijó en una "multa de 10.000 dólares o 10 años de prisión, o ambos". Téngase en cuenta, que 10.000 dólares de 1933 equivaldrían a 167.700 dólares de 2010.
Al año siguiente, la Ley de la Reserva de Oro permitió importantes y fáciles beneficios al Gobierno americano mediante la simple orden de subir el precio de 20,67 a 35 dólares la onza. Estas prohibiciones fueron parcialmente derogadas por el presidente Ford en 1974. Pero en 1971, Nixon ya había anunciado que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. Desde entonces, ha ido aumentando la confianza en el oro como reserva de valor mejor que el dólar americano, hasta situar su precio alrededor de 1.555 dólares la onza. Por ello, se está reavivando el debate a favor de un retorno al patrón oro.
En vista de estos precedentes, el Economic Policy Journal comenta: "La Ley Dodd-Frank parece dar un empujón a la industria del oro hacia un proceso de certificación. Combínese este empujón con el requisito de la Ley de Sanidad de que los comerciantes de oro habrán de cumplimentar los formularios 1099 para todos sus clientes que compren o vendan más de 601 dólares en monedas de oro y resulta claro que la soga se va estrechando alrededor de la industria del oro. Llevará tiempo, pero no se sorprendan de encontrarse con que, con el paso del tiempo, se cree un Proceso Kimberley para el oro y que todos los lingotes y monedas de oro nuevas que se fabriquen se sellen con un número de serie único. Entonces empezará la vigilancia en serio sobre quien posee monedas de oro".
Restricciones en el mercado de futuros
Por otro lado, otra sección de la misma ley, concretamente la 742 A, establece más restricciones al comercio del oro en EEUU. En este caso, se establecen límites a las personas (y empresas) autorizadas para negociar en el mercado extrabursátil (OTC, Over The Counter) de futuros sobre oro. No afecta directamente, por lo tanto, a la compraventa del metal en sí sino solamente a ciertas operaciones del mercado de productos derivados financieros cuyo activo subyacente sea el oro.
Aunque, como comenta Wyatt Research, los efectos se notarán mucho más allá de ese mercado: "Cuando el Gobierno reduce la liquidez en el mercado, (como realiza esta ley explícitamente) hace que el mercado sea menos eficiente. Esa ineficiencia eleva los costes para los productores. Eleva los costes para los consumidores. Eleva los costes para los que negocian en futuros".