Imagínese por un momento que el IPCC, el organismo de la ONU sobre cambio climático, basara uno de sus famosos informes en un estudio elaborado -y financiado- por las grandes petroleras en el que se aconsejara a los gobiernos implementar políticas favorables al desarrollo de la energía fósil. Imagínese, además, que dichos sectores recibieran financiación pública directa para asesorar a esos mismos países en materia energética a fin de lograr los objetivos preestablecidos.
El escándalo mediático sería, sin duda, de grandes dimensiones. No en vano, los verdes suelen acusar a las grandes petroleras de financiar todo tipo de proyectos y estudios que huelan lo más mínimo a negacionismo, es decir, que rechacen la existencia de cambio climático o pongan en duda las supuestas conclusiones científicas del IPCC y otros organismos oficiales. Por ello, dado el caso, científicos, ecologistas y muchos políticos se apresurarían a denunciar que tales informes carecen de validez, que los gobiernos se pliegan a los intereses de la industria en detrimento de sus ciudadanos y que se trata de un evidente conflicto de intereses intolerable.
Pues bien, esto es justo lo que sucede, sólo que, en realidad, los beneficiarios de tal tinglado no son las petroleras ni las centrales nucleares sino la poderosa industria de las energías renovables.
El caso saltó a la luz recientemente, tras conocerse que el último informe del IPCC sobre energías renovables está basado en un estudio previo elaborado por Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC, por sus siglas en inglés), el lobby de la industria eólica y solar con sede en Bruselas. El informe del IPCC afirma que el 80% de la energía en 2050 podría venir de fuentes renovables, una conclusión que favorece, y mucho, los intereses de la industria verde.
De hecho, el tradicional resumen para políticos, periodistas y funcionarios está redactado y supervisado por un amplio número de autores que, de forma directa o indirecta, está relacionado con la industria renovable. De este modo, la pregunta es obvia: ¿Se puede considerar neutral, serio y objetivo un estudio oficial sobre energía verde que es redactado por el propio sector de las renovables?
Sin embargo, la connivencia existente entre estas empresas, gobiernos y ONGs va mucho más allá de este caso particular y, de hecho, tiene importantes implicaciones para el conjunto de los europeos.
Subvenciones públicas
El EREC representa a la industria de las renovables a nivel europeo, con un volumen de ventas próximo a los 70.000 millones de euros al año y más de 550.000 empleados. Se autodefine como una "organización paraguas de la industria renovable europea, asociaciones comerciales y de investigación". Así pues, agrupa tanto a empresas del sector como a entidades tecnológicas y de investigación en esta materia. Su sede central está ubicada en Bruselas y se erige como el gran lobby renovable a nivel comunitario.
Asesoramiento energético
Lo que llama la atención, sin embargo, es que pese a su abultada facturación también recibe cuantiosas ayudas y subvenciones públicas de la UE. Así, por ejemplo, según cuentas comunitarias oficiales, el EREC recibió 1,8 millones de euros de la UE entre 2007 y 2009. La mayor parte de esta partida se destinó al programa Acción de Política Energética Renovable: Allanando el camino hacia 2020 (REPAP2020).
Se trata, ni más ni menos, que del programa europeo para facilitar la aplicación, a nivel nacional, de la directiva sobre el uso y promoción de las energías renovables (RES). Dicho de otro modo, un plan para que los países miembros cumplan la estrategia 20-20-20 fijada por la UE: reducir las emisiones de gases invernadero en un 20%; ahorrar un 20% en el consumo energético; y proveer al sistema energético con al menos un 20% de renovables; todo ello en 2020.
Así pues, el lobby renovable recibe dinero público para asesorar a los gobiernos en materia energética y cumplir así los objetivos marcados por Bruselas. Y esto sólo a nivel comunitario, ya que el análisis país por país depara nuevas sorpresas: el REPAP elabora "hojas de ruta" muy concretas para cada país en materia energética.
Los autores de estos informes son las propias empresas renovables de cada país. Así, en el caso de España la hoja de ruta, elaborada en junio de 2010, corrió a cargo de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la patronal nacional.
Y ello, en colaboración, al igual que en el resto de países, de la Intelligente Energy Europe, una organización comunitaria dotada con 730 millones de euros entre 2007 y 2013 para que todos los países miembros cumplan la estrategia 20-20-20 contra el cambio climático.
En resumen, las empresas renovables asesoran a los gobiernos en materia energética con ayuda de dinero público. Y ello, sin contar que la inmensa mayoría de su facturación procede de las generosas subvenciones y primas verdes, así como de un marco jurídico muy favorable para el sector. Y es que, hoy por hoy, este tipo de energía sigue sin ser rentable por lo que su desarrollo depende casi en exclusiva del apoyo público.
Un poderoso lobby
A todo ello se suma la tradicional labor de lobby (grupo de presión) que suele ejercer este tipo de organizaciones empresariales. Los miembros que conforman el EREC no ocultan que disfrutan de una relación privilegiada con los burócratas de la UE. Así, por ejemplo, la patronal termosolar europea (ESTIF, por sus siglas en inglés) afirma con orgullo que "ha participado activamente en el desarrollo de la Directiva RES, lo que garantiza un marco legal favorable para el sector de la energía termosolar".
Es más, esta entidad recibió 2 millones de euros entre 2007 y 2009 para que pueda representar mejor los intereses de su sector. Algo similar sucede con la patronal eólica europea (EWEA), compuesta por más de 600 socios, que también recibió 1,8 millones para sus "actividades de lobby" -según sus propias palabras, y "ayudar así a crear un marco jurídico adecuado en el que los miembros puedan desarrollar con éxito sus negocios".
En total, el EREC y sus miembros han percibido de la UE, como mínimo, 8,2 millones de euros entre 2007 y 2009 para desarrollar sus actividades de presión e influencia política en Bruselas y hacer las investigaciones en favor de las políticas que la UE ya había determinado previamente. Una especie de "lavado de dinero ideológico", tal y como denuncia el blog Bishop Hill.
Fuente: Cartoons by Josh
La industria renovable no sólo constituye grupos de presión para favorecer sus intereses, lo cual es lógico y normal, sino que, además, recibe financiación pública de la UE para ejercer de lobby e, incluso, asesorar a Bruselas y a los países miembros en materia energética, aconsejando sobre las políticas que deben implementar y el modo de lograr sus objetivos. Y todo ello, sin contar la elaboración de estudios climáticos favorables a sus intereses y sin importar que tales políticas perjudiquen, en última instancia, al consumidor (electricidad más cara) y al contribuyente (las primas renovables en España rondan los 7.000 millones de euros al año).
Claro que, tal y como se señalaba al principio, este conflicto de intereses no afecta a petroleras o centrales nucleares sino a empresas renovables, con lo que el escándalo mediático será, posiblemente, inexistente...