Tras superar el voto de confianza, Grecia, y con ella el euro, afronta ahora su segunda gran prueba de fuego. El Gobierno del socialista Yorgos Papandréu tendrá que conseguir la próxima semana los votos necesarios para aprobar en el Parlamento el plan de austeridad negociado con Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de recibir el quinto tramo de ayuda del rescate acordado en 2010 (12.000 millones de euros) para evitar la bancarrota. Una suspensión de pagos desordenada que, posiblemente, conllevaría la salida del euro de Grecia.
La cuestión es que Papandréu cuenta por el momento con un margen muy estrecho para sacar adelante estas medidas. Así, si bien esta semana superó la moción de confianza gracias al voto de 155 diputados frente 143 en contra, de un total de 298 votos emitidos, el margen se reduce ahora a apenas cuatro de diferencia tras el rechazo a las medidas de austeridad expresado por algunos miembros de su propio partido (Pasok). El diputado socialista Alexandros Athanasiadis reiteró que votará en contra, reduciendo aún más la exigua mayoría con la que cuenta el Gobierno. Todos los grupos de la oposición se oponen a las exigencias de Bruselas y el FMI para desbloquear el citado tramo y otorgar luz verde al segundo rescate griego.
La UE, con Alemania a la cabeza, junto al FMI, han reiterado en los últimos días que si Atenas no aprueba estas medidas no habrá rescate y, por tanto, Grecia se verá abocada a suspender pagos este mismo verano: entre julio y agosto Atenas debe afrontar pagos (entre capital e intereses) por un valor próximo a 18.000 millones de euros. El problema es que un default de estas características abriría un escenario totalmente nuevo en la zona euro, disparando hasta el extremo el riesgo de ruptura en la Unión.
Pese a este estrecho margen, Papandréu logrará sacar adelante el plan si no se producen nuevas deserciones de última hora entre sus filas. Una vez aprobado, la UE pondrá en marcha el segundo rescate griego que, en todo caso, deberá contar con la participación de los acreedores privados (una reestructuración "suave" dentro de la zona euro).
Participación de los acreedores
En este sentido, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, confió este jueves en que habrá una "participación sustancial" del sector privado. La UE está trabajando "de manera descentralizada" -en alusión a los contactos de los Gobiernos de la zona euro con las entidades financieras- para convencer a bancos y aseguradoras de que participen de forma voluntaria en el programa, según señaló Rehn poco antes de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE de esta tarde.
Rehn añadió que la UE trabaja sobre la participación voluntaria de bancos, aseguradoras y fondos de pensiones con bonos griegos en una renovación automática y voluntaria de esos títulos de deuda "para que no se produzca un incumplimiento crediticio". Aún así, el comisario reconoció que "hay distintas interpretaciones" sobre la definición de la voluntariedad de la participación privada en el programa. Y es que, pese a las declaraciones de Rehn y el resto de políticos, las agencias de calificación -y el conjunto del mercado- insisten en que tal participación "voluntaria" no es otra cosa que un default (suspensión de pagos), sólo que éste se produciría de forma negociada, dentro de la zona euro y con el apoyo de un segundo rescate internacional.
Pero la condición previa sigue siendo la misma. "Trabajamos con Grecia para reformar el país", insistió Rehn, "pero lo primero, Grecia debe ayudarse a sí misma para que otros europeos puedan ayudar a Grecia". Antes de la cumbre, los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se reunirán con Papandréu para discutir la puesta en marcha de los programas de reforma en Grecia, que deben permitir que el Eurogrupo anuncie el 3 de julio el desbloqueo del quinto tramo de ayuda.
Agujero de 3.500 millones en el plan de austeridad
Sin embargo, al mismo tiempo, han comenzado a surgir dudas acerca del programa de austeridad presentado por Papandréu. En las últimas horas, los brokers están recibiendo informaciones acerca de un posible agujero superior a los 3.500 millones de euros. Grecia pretende reducir su brecha fiscal en 6.500 millones este año, pero las medidas propuestas tan sólo lograrían la mitad de esta cuantía. Se están produciendo negociaciones de última hora para tratar de cerrar esta divergencia.
El Consejo de Ministros heleno aprobó el miércoles el proyecto de ley que contiene el impopular conjunto de medidas de austeridad y privatizaciones por valor de 78.000 millones de euros. Atenas se plantea subir impuestos y recortar gastos para ahorrar unos 28.300 millones de euros hasta 2015 y privatizar activos y empresas públicas por un valor próximo a los 50.000 millones. El plan llegará al pleno del Parlamento el lunes o martes y será sometido a votación el jueves de la próxima semana, según indicó el Ministerio en un comunicado.
Más impuestos, menos gasto y privatizaciones
Según los medios locales, el Gobierno está obligado a reducir los sueldos en el sector público además de recortar hasta 2015 la plantilla en un 25%, lo que equivale a 150.000 funcionarios.
Estos empleados públicos ya no percibirán pagas extraordinarias, pero deberán trabajar más horas, con una semana laboral que pasará de 37,5 a 40 horas. Además, los recortes incluyen -por primera vez en tres décadas- un recorte del presupuesto para comprar armamento, que en 2013 bajará en 250 millones de euros, y otros 350 millones en 2014.
El Gobierno espera recaudar unos 2.450 millones de euros adicionales este mismo año y otros 3.600 millones de euros entre 2012 y 2015 mediante subidas de impuestos. Los profesionales autónomos, que hasta ahora cuentan con muchos privilegios fiscales, deberán pagar impuestos a partir de unos ingresos anuales de 12.000 euros y quienes ganen más de esta cantidad tendrán que contribuir con el 1% hasta al 3% a un fondo para financiar el seguro de desempleo, informa Efe.
También se introducirán nuevas tasas sobre las viviendas tasadas por encima de los 200.000 euros y sobre bienes como automóviles de lujo, mansiones, yates y piscinas en jardines particulares. El recorte de beneficios sociales y de aportaciones del Estado a las pensiones será de 833 millones este año y de 5.400 millones entre 2012 y 2015, lo que junto con los recortes de salarios y despidos aumentará el clima de descontento social.
Nueva huelga general
El rechazo a estas medidas se está acentuando entre la población helena. Los sindicatos mayoritarios han convocado para el próximo martes y miércoles (28 y 29 de junio) la cuarta huelga general en lo que va de año, que coincidirá con el crucial voto parlamentario sobre un nuevo paquete de austeridad.
"El Gobierno y los acreedores extranjeros continúan el ataque contra nuestros derechos pese a las masivas protestas de parte de la sociedad griega", dice un comunicado conjunto emitido por los sindicatos del sector privado (GSEE) y público (ADEDY). Acusan a Papandréu de "vender la riqueza nacional, las empresas y los activos". Según los sindicatos, el Gobierno "insiste en implementar una política económica que lleva a los trabajadores a la pobreza y que aumenta la recesión y el paro."