El grupo parlamentario de CiU ha logrado este martes introducir enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones que mejoran las futuras prestaciones de jubilación de los autónomos, los becarios y las personas con discapacidad. El PSOE ha pactado un paquete de catorce enmiendas con CiU que introducen sustanciales novedades en lo referente a los trabajadores autónomos, personas con discapacidad y becarios, y se ha mostrado dispuesto a transaccionar otras 35 propuestas de todos los grupos.
Por la mañana, se ha reunido la ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, que es la encargada de elaborar el texto definitivo de la reforma. En una nota, el portavoz de CiU de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, explica que en materia de discapacidad se ha incluido en el texto que las personas con una minusvalía superior al 45 % puedan adelantar en dos años (a los 56, frente a los 58 actuales) la edad mínima de jubilación.
En materia de autónomos, CiU ha enmendado el texto para que se establezcan exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos que, como consecuencia de la crisis económica, han visto reducidos sus ingresos o tienen especiales dificultades. Según Campuzano, el objetivo de la propuesto es evitar que esas personas tengan que cerrar su actividad, informa Efe.
En cuanto a los becarios, la ponencia de la Comisión de Trabajo ha incorporado al texto una propuesta de CiU para que todos los períodos de formación en prácticas que se hayan realizado, hasta un máximo de dos años, se puedan computar para la pensión. En el proyecto de ley del Gobierno se limita a los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de la futura ley las prácticas que como becario se pueden computar.
Al respecto, Campuzano precisa que el objetivo es permitir a los becarios ("investigadores, abogados...) contar con carreras de cotización más largas. Además de estas enmiendas, la ponencia ha aceptado otra de CiU -similar a una del PSOE- que introduce la obligación de informar al trabajador sobre la pensión aproximada que recibiría de mantenerse sus circunstancias de cotización.