La demanda había sido interpuesta por Inversiones Cobasa contra BP Oil España y en ella se reclamaba la nulidad de un contrato de arrendamiento de estación de servicio por catorce años y de suministro en exclusiva de carburantes y combustible, informa Europa Press.
La sociedad demandante también exigía la anulación del contrato de constitución de derecho de superficie a favor de BP durante catorce años para la construcción de la estación de servicio sobre los terrenos propiedad de la propia Inversiones Cobasa.
Entre sus argumentos, la demandante evocaba la normativa comunitaria para denunciar un exceso en el tiempo de duración del pacto de suministro y la imposición de los precios de reventa. Esta pretensión fue desestimada por un juzgado de primera instancia y, tras su apelación, por
En su sentencia, el Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, y valida el contrato. Para ello, considera que la interpretación del Derecho comunitario realizada por
La sentencia recuerda la normativa y la intepretación comunitaria sobre la fijación de precios y sobre el tiempo máximo de duración de los acuerdos. La fijación de un precio máximo o recomendado, señala, "es posible" y "permite la aplicación de las exenciones comunitarias", siempre que esta fijación permita realmente determinar el precio de venta al público.