Criticó Luis G. Montero a Esperanza Aguirre en Público: "habla de la libertad de los padres para llevar a sus hijos a los centros escolares que deseen. Conviene aclarar que esto no significa que los colegios para niños ricos vayan a ser obligados a recibir alumnos gratuitos". Pero no hay colegios sólo para ricos sino colegios más o menos caros, y en la sociedad libre no se puede obligar a la gente a que dé cosas gratis, salvo en una sola circunstancia clave, que el señor Montero ignora.
Para él, cuando los padres pueden elegir libremente a qué colegio llevan a sus hijos, en realidad no eligen libremente: "La trampa de confundir la libertad con la falta de regulación social sólo sirve para suprimir derechos. Todo huele a programa ideológico y a estrategia para financiar con dinero público a las élites sociales, siempre incómodas con la experiencia democrática". Es notable que la mayor libertad no sea para él un derecho, sino que lo sea la coacción. La libertad es algo ideológico (como si él no tuviera ideología) y siniestro que sirve para pagar con dinero público a la elites antidemocráticas, lo que es falso, porque a las elites les encanta la democracia, precisamente porque la utilizan para usurpar el dinero del pueblo: eso es lo que hacen las elites políticas, sindicales, intelectuales, mediáticas y empresariales. A quienes nadie pregunta si quieren pagar o no es a los ciudadanos.
Esta es la visión que tiene el señor Montero sobre la libertad ciudadana: "Esperanza Aguirre es coherente con su idea de la libertad: sálvese quien pueda en la ley del más fuerte. Frente a su neoliberalismo desatado, conviene recordar la dimensión social de la palabra libertad, sus orígenes cívicos en un contrato de convivencia. Es otra idea de libertad que tiene que ver con los espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales".
Aquí tenemos la circunstancia clave que don Luis ignora: la libertad no es la ley del más fuerte, puesto que en la sociedad libre, en el mercado libre, podemos elegir qué cosa queremos comprar, y si no compramos, no pagamos y no pasa nada. ¿Cuándo se impone esa ley del más fuerte? ¿Cuándo los ciudadanos son efectivamente obligados a pagar contra su voluntad por unos bienes y servicios independientemente de que quieran hacerlo o no? ¿Quién puede obligar a los ciudadanos a pagar e incluso meterlos en la cárcel si no pagan? Sólo el Estado, claro.
Don Luis ignora el carácter esencialmente coactivo del Estado: para él lo malo es el "neoliberalismo desatado" de "la ley del más fuerte", sin que parezca percibir que nadie es más fuerte que quien es fuerte por ley. Por eso se pierde en vaguedades como "un contrato de convivencia", que remite al viejo contrato social, y que jamás ha podido resolver un problema que los contratos resuelven por definición: siempre es posible no firmarlos. Y al final concluye con esa deliciosa apelación a los "espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales". Con consignas abnegadas de este tenor, el socialismo en todas sus variantes lleva aplicando la ley del más fuerte y quebrantando vidas, derechos, libertades y haciendas desde hace un siglo.