Normalmente se habla –y se intenta una y otra vez– de un pacto social, entre los grandes sindicatos y la cumbre de las asociaciones patronales, que logre un acuerdo conforme con el interés general español, pues se opina que si el pacto se ha alcanzado entre empresarios y trabajadores, éste ha de ser óptimo.
No se tiene en cuenta, en relación con esa típica medida corporativista, que al relacionarse el mundo de los trabajadores representado por los sindicatos, y el de los empleadores, a través de una gran entidad patronal, se están enfrentando dos organizaciones monopolísticas típicas del mercado laboral: una de oferta, los sindicatos, y otra de demanda, la confederación empresarial correspondiente. Lo que origina esto ya lo presentó así José Castañeda muy claramente en su capítulo El monopolio bilateral, dentro de sus Lecciones de Teoría Económica: "La indeterminación del precio de este mercado y la imposición de un precio forzado, dependiente de circunstancias diferentes, es causa que justifica la intervención del poder público con la finalidad de oponerse a los resultados parciales y trazar directrices que sirvan al interés general".
Tratar de regular los mercados, vinculándolos a la política social a través de este mecanismo y así lograr que ambas partes se encuentren satisfechas y que esto redunde en el interés general, es imposible. La base de todo sistema corporativo –y esto del Pacto Social es corporativismo, sin más– está en negociaciones de este tipo, o sea, de un colosal conjunto de monopolios bilaterales. Por eso Röpke señaló que se llevaría el primer premio –planteado por una organización anarquista para diseñar mejor el procedimiento de hacer saltar por los aires los modelos económicos actuales– quien propusiese un corporativismo integral. Un paso importante para ello es esto del Pacto Social. El mundo laboral español ha acumulado, desde las disposiciones de Largo Caballero en 1931, pasando por la legislación de Girón y la puesta en acción por los Gobiernos de Felipe González y de Rodríguez Zapatero, una legislación que frena de tal modo el desarrollo que la reforma de las condiciones laborales es forzosa si se quiere frenar el desempleo y mejorar la competitividad. Y esto tiene que lograrlo la administración estatal, y no puede esquivarlo. Por eso, con Pactos Sociales no se lograría nunca.