El PP tendrá que buscar fórmulas para pagar a partir del mes que viene las nóminas de los 70.000 empleados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque la situación es de "quiebra total", con una deuda a proveedores de 2.000 millones de euros, ha asegurado el secretario regional del PP, Vicente Tirado.
Tirado ha ofrecido una rueda de prensa tras la reunión del grupo parlamentario popular presidida por la presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para ir preparando el trabajo una vez ganadas las elecciones y con vistas a la constitución de las Cortes el próximo día 16 y la posterior sesión de investidura.
El dirigente del PP ha dicho que este mes sí cobrarán las nóminas los funcionarios, pero que no hay dinero para los meses siguientes, aunque ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque el PP, ha añadido, buscará los mecanismos para pagarlos a partir de entonces, y ha citado, por ejemplo, la privatización de la televisión pública.
Ha señalado que por los primeros datos que van conociendo, aunque el hermetismo del gobierno en funciones es total y no les da ninguna documentación de la situación económica real de la región, la Junta "no tiene ni un euro" y no paga ni "la luz ni el teléfono ni a los proveedores".
Tirado ha asegurado que el PP va a exigir "responsabilidades" al presidente de la Junta, José María Barreda, y a la vicepresidenta de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, que irán "más allá de las responsabilidades políticas" si la situación es "tan grave" de haber "arruinado" a la región.
El secretario general del PP de Castilla-La Mancha ha criticado que Barreda tenga "paralizada la administración" y que desde su "irresponsabilidad quiera montar un campo de minas" para que no se pueda pagar nada. Se le recordará, ha añadido, como el "peor" presidente de una comunidad autónoma que acumula más de 7.000 millones de euros de deuda y que debe en facturas impagadas más de 2.000 millones, lo que está llevando a la ruina a pequeños empresarios, además de encabezar el ránking de déficit público de las comunidades.
También ha afirmado que "habrá auditorías en todos los sitios", y ha sido rotundo al decir: "Vamos a revisar absolutamente todo", informa Efe.
Baleares negocia créditos
Por su parte, el Gobierno balear está negociando con varias entidades bancarias operaciones de endeudamiento a corto plazo para obtener así la liquidez financiera necesaria para hacer frente a las numerosas deudas que tiene pendientes con proveedores, que ha garantizado que se pagarán.
Tras la reunión de este viernes del consejo de gobierno, la portavoz en funciones, Joana Barceló, ha explicado a los periodistas que el Ejecutivo esperar cerrar esta negociación en cuestión de días con el fin de hacer efectivo cantidades debidas, entre otros, a transportistas, proveedores de hospitales, colegios públicos y concertados o constructores que no cobran los servicios prestados desde hace meses.
Barceló ha pedido "máxima tranquilidad" porque, aunque hay "problemas de tesorería, toda la contratación realizada por la Administración balear está formalizada de manera muy clara y cuenta con todas las garantías de disponibilidad presupuestaria".
La titular de Trabajo y Turismo ha respondido así a una información de hoy de Diario de Mallorca en la que especifica que los pagos congelados ascienden a 355 millones y se advierte de que peligran los suministros en centros sanitarios, servicios públicos y colegios.
La consejera no ha concretado el importe de estas operaciones de crédito que negocia la Conselleria de Economía y Hacienda con los bancos desde hace tiempo. Este endeudamiento se encuentra dentro de las previsiones de los recursos de los que dispone la comunidad autónoma y cuentan con la cobertura legal necesaria, ha subrayado. "Se trata de un problema de tesorería y de liquidez, pero no de endeudamiento por carecer de presupuesto", ha añadido Barceló.
También ha querido dejar claro que existe "garantía total y ninguna duda" de que se pagarán las nóminas de los empleados públicos, y ha subrayado que la administración está funcionando con normalidad.
Deuda sanitaria de 15.000 millones
Por último, a nivel general, más allá de los problemas de pagos de determinadas CCAA, un informe elaborado por la Xunta de Galicia, en colaboración con Extremadura y Canarias, destapa una deuda pública oculta en la Sanidad (en manos de las autonomías) de 15.000 millones de euros.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exdirector del Insalud con el Gobierno de José María Aznar, planteó con crudeza la situación ante el líder del PP nacional, Mariano Rajoy, según informa este viernes El País. "Sí, es verdad. Se paga a 600 días. Y sobre todo, hay una deuda oculta de 15.000 millones de euros en la sanidad", facturas que no ha sido reconocidas de forma oficial por los gobiernos regionales.
Desde hace algún tiempo se viene hablando de esa cantidad como déficit acumulado, pero el gallego habla de otra cosa, de deuda pública autonómica no reconocida.
En este sentido, Luis de Guindos, durante una conferencia celebrada el jueves por Barcelona Centro Financiero Europeo, se mostró preocupado por la situación financiera de ayuntamientos y comunidades autónomas, hasta el punto de afirmar que "puede ser inevitable el rescate del Tesoro de alguna comunidad autónoma".