El análisis detallado de la ejecución presupuestaria de las CCAA en el primer trimestre, publicado el martes por el Ministerio de Economía, arroja más preguntas (y, por tanto, dudas) que respuestas. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 9,2% en 2010 (98.227 millones de euros) al 6% del PIB en 2011 (65.394 millones), es decir, un recorte de unos 33.000 millones de euros.
En concreto, las cuentas públicas españolas cerraron el pasado año con un descuadre presupuestario del 9,24%, que se divide de la siguiente forma, una vez excluidos los correspondientes ajustes derivados de la liquidación de las administraciones territoriales: -5,66% del PIB en la Administración Central (Estado), -2,83% en las CCAA, -0,5% en las Corporaciones Locales y -0,24% en la Seguridad Social.
De este modo, mientras que el Gobierno cumplió con holgura su objetivo inicial de déficit (-6,7%), las autonomías se pasaron de frenada (déficit previsto del 2,4% en 2010). La inmensa mayoría de gobiernos regionales superaron ampliamente sus respectivos objetivos de déficit. En concreto, del conjunto de las CCAA nueve se desviaron al alza respecto al objetivo de estabilidad, tan sólo Madrid cumplió con holgura el requisito con apenas un déficit del 0,7% -el resto superó el 2%-.
En 2011, según esa misma senda de consolidación fiscal, se prevé que el déficit estatal caiga hasta el 4,8% del PIB, mientras que las CCAA lo tendrán que reducir hasta el 1,3%. Esto implica que la mayor parte del ajuste se concentrará, en teoría, en la administración regional. Lo cual no es extraño si se tiene en cuenta que las autonomías son responsables de más del 60% del consumo público (al tener transferidas las competencias en sanidad y educación) y del 36% de la inversión pública.
Así, mientras que el Estado aplicará un recorte adicional de algo más de 9.000 millones (0,86 puntos porcentuales del PIB), en el caso de las autonomías éste tendría que ascender a unos 16.300 millones (1,53 puntos extra) -el Gobierno espera ahorrar otros 7.000 millones de euros mediante un ligero ajuste en los municipios y, sobre todo, el aumento del superávit de la Seguridad Social-.
Partiendo de esta base, el déficit autonómico en el primer trimestre del año refleja importantes lagunas y puntos negros a tener en cuenta para poder cumplir la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno. El descuadre de las autonomías no podrá superar el 1,3% del PIB en 2011 (14.168 millones de euros), y es aquí cuando empiezan los problemas, a la vista de los datos iniciales registrados entre enero y marzo.
1. Déficit superior al previsto
Las comunidades autónomas cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, equivalente al 0,46% del PIB. De este modo, si se extrapolan los datos al conjunto del año, el déficit regional superaría el 1,8% del PIB en 2011 (casi 20.000 millones de euros).
La propia ministra de Economía, Elena Salgado, reconoció el martes que algo más de la mitad de las CCAA se han desviado al alza del objetivo inicial de déficit y, por tanto, "deberán acelerar la aplicación de sus planes de reequilibrio para alcanzar dichos objetivos". De hecho, el Ministerio está "pidiendo más información a las comunidades que presentan desviaciones para aclarar las causas y, en su caso, asegurar que se corrigen las mismas".
Aunque, por el momento, ningún territorio supera el 1% de déficit en el primer trimestre, algunas regiones muestran datos preocupantes: las peor situadas en el primer trimestre han sido Islas Baleares y Castilla-La Mancha, con un déficit del 0,97% del PIB. También registran déficit elevados Murcia (0,89%), País Vasco (0,77%), Andalucía (0,75%) y Comunidad Valenciana (0,67%). Por el contrario, tan sólo tres autonomías registraron superávit hasta marzo: Aragón (0,19%), Galicia (0,14%) y La Rioja (0,18%).
2. Desviación de ingresos y gastos
Según Economía, esta desviación general se debe, básicamente, a que los ingresos regionales han caído un 2,23% interanual (hasta un total de 29.535,73 millones de euros), mientras que el gasto público ha aumentado un 5,44% respecto al pasado año (hasta los 34.531,04 millones). De ahí deriva, precisamente, el déficit trimestral de 4.995,31 millones (0,46% del PIB).
En este sentido, tal y como admitió Salgado, dichos datos "reflejan una evolución del gasto superior a la que debería producirse en el año 2011 y un desequilibrio del gasto presupuestario superior al que cabría esperar".
La situación es, si cabe, aún más grave si se tienen en cuenta las previsiones de ingresos y gastos regionales que contempla el último Programa de Estabilidad Presupuestaria (2011-2014) que el Gobierno envió a Bruselas el pasado abril. Así, Salgado pretende corregir el déficit autonómico en base a dos directrices básicas: un aumento de los ingresos del 4,8% y una reducción del gasto público del 2% respecto a la liquidación presupuestaria de 2010. Es decir, lo contrario de lo que ha sucedido en el primer trimestre, en donde el gasto sube y los ingresos caen.
El siguiente cuadro recoge el conjunto de los presupuestos autonómicos para este año, excluidas Cataluña e Islas Baleares, ya que cuando se envió el citado Programa a la UE Baleares prorrogó su presupuesto de 2010 y Cataluña estaba aún elaborando el de 2011.
3. Gastos financieros
A esta negativa evolución, hay que sumar el hecho de que los datos ofrecidos por Economía excluyen los gastos financieros de las CCAA. Es decir, los intereses que tendrán que pagar los gobiernos regionales por su deuda pública. Las CCAA cerraron 2010 con una deuda acumulada próxima a los 115.000 millones de euros.
La crisis soberana de la zona euro y las dudas sobre la solvencia de España han disparado el tipo de interés que tiene que pagar el sector público para poder colocar sus bonos en el mercado. Tomando como referencia un tipo medio del 5%, las regiones tendrían que abonar en intereses casi 6.000 millones de euros en 2011. Este elevado gasto financiero amenaza con incrementar aún más el déficit a final de año. De hecho, el Gobierno admite en su Programa de Estabilidad Presupuestaria que el pago de intereses de las autonomías "experimentará un incremento apreciable tanto en comparación con el presupuesto inicial como con el ejecutado".
Por poner un ejemplo, la deuda pública de la Generalidad de Cataluña crecerá un 17% en 2011, hasta un total de 37.443 millones de euros, según prevén los Presupuestos de 2011 recién presentados. Sólo en intereses, el Gobierno de Mas estima que pagará 1.477 millones, un 32% más que en 2010, con lo que casi todo el ahorro previsto para este año se destinará a esta partida. Por el momento, nada hace pensar una evolución distinta en el resto de CCAA.
4. 'Rebelión a bordo'
Siguiendo con el caso catalán, llama la atención que aunque el objetivo de déficit es del 1,3%, la Generalidad presentó el martes un Presupuesto para 2011 con unos números rojos del 2,66% del PIB, más del doble de lo permitido. Y ello, pese a incluir un recorte del gasto público próximo al 10% interanual. Ello supone una violación explícita de las directrices presupuestarias marcadas por Moncloa, lo cual enfatiza las dudas internacionales acerca de la capacidad real del Gobierno para meter en cintura a los gobiernos autonómicos.
Bruselas presiona a Madrid para que limite estrictamente el gasto regional por vía legal mediante el establecimiento de restricciones presupuestarias claras. Sin embargo, por el momento, Economía mantiene la actual estructura, sin inmiscuirse directamente en la elaboración presupuestaria de cada región bajo el argumento de que carece de competencias para ello. De este modo, los compromisos de austeridad regional se basan, simplemente, en un mero ejercicio de voluntariedad por parte de las CCAA.
5. Empresas públicas
Las cuentas publicadas por Economía no recogen las miles de empresas públicas que poseen los gobiernos regionales. Es decir, estas cuentas no incluyen los déficits anuales (con la consiguiente acumulación de deuda) que se derivan de la intensa actividad pública empresarial que desarrollan estos gobiernos.
Economía tan sólo refleja la ejecución presupuestaria de los principales organismos públicos, en base a la definición y división que realiza cada región en su presupuesto consolidado, excluyendo así una parte importante del sector público. Y ello, "con el fin de garantizar la homogeneidad de los datos tanto a nivel global como respecto a la distribución económica del gasto en el que se materializa su gestión", según el Ministerio. Las CCAA gestionan unas 2.400 empresas públicas, y su deuda pública supera los 17.000 millones de euros.
6. Déficit oculto
En este sentido, más allá de los gastos financieros extra derivados de la deuda pública oficial de 115.000 millones en 2010, algunos analistas estiman que la deuda real es muy superior debido, precisamente, al deficitario sector empresarial en manos de CCAA y ayuntamientos.
Según un reciente estudio, "hay cerca de 5.200 entidades regionales y locales con endeudamiento que no está incluido en las cuentas oficiales, por valor de unos 26.400 millones de euros". Una cifra que sumada a los 4.200 millones en facturas sin pagar a proveedores sanitarios, arrojaría un total de 30.000 millones de deuda extra aún por aflorar. Se trata de una deuda no contabilizada que, sin embargo, preocupa, y mucho, en el exterior.
7. PIB estimado
El Gobierno, y por tanto también las CCAA, confían en reducir el déficit, no sólo a través de medidas de austeridad, sino gracias en gran medida a la esperada recuperación económica. En concreto, Economía prevé que el PIB crezca un 1,3% interanual en 2011. De este modo, el PIB nominal (sin descontar el alza de precios) subiría un 2,6%, hasta un total de 1,089 billones de euros. El problema aquí es que ningún organismo, ya sea público o privado, contempla esta evolución. La mayoría estima un crecimiento de entre el 0,5% y el 0,8%.
La cuestión es que el déficit regional publicado por Economía se mide porcentualmente en base al PIB estimado para 2011 (1,089 billones). Es decir, el desequilibrio total de 4.995,31 millones registrado entre enero y marzo tan sólo equivale al 0,46% del PIB si se toma como referencia el PIB estimado para 2011. Está por ver si se cumplirá esta previsión. Y es que, si el crecimiento es inferior al estimado este año, el déficit aumentará automáticamente.
8. Problemas metodológicos
Por último, y aunque se trata de cuestiones meramente técnicas, es preciso matizar varios aspectos a nivel metodológico. La recopilación y publicación trimestral de estos datos es un ejercicio complejo y muy reciente.
Las cifras tan sólo se refieren a la ejecución, a 31 de marzo, del presupuesto de las Comunidades Autónomas para el año en curso. Es decir, se trata de una foto fija. Además, son cuentas presupuestarias, no medidas en términos de contabilidad nacional y, por tanto, no son comparables con el déficit del Estado. En este sentido, Economía aclara que pueden "existir diferencias significativas en las cifras obtenidas de la aplicación de ambas metodologías", ya sea al alza o a la baja, con lo que habrá que esperar para conocer el déficit regional realmente computable (en términos de contabilidad nacional).
La información publicada es elaborada por Economía, ya que los datos se recopilan mediante "cuestionarios" que deben ser cubiertos por las CCAA. Estos datos son remitidos trimestralmente al Ministerio. Los técnicos realizan, además, "ajustes de homogeneización" para poder compararlos entre sí, una vez recopilados.
Por otro lado, en 2011 entra en pleno funcionamiento el nuevo sistema de financiación autonómica, que cede un mayor porcentaje de impuestos a las CCAA. Esto significa que la ejecución y liquidación presupuestaria registrará un significativo aumento en los ingresos fiscales así como un descenso de las transferencias corrientes del Estado. Por ello, los datos de 2011 no se pueden comparar estrictamente con los de 2010, en donde el sistema de financiación era diferente.
Por último, la ejecución del primer trimestre es la "más sensible a los desplazamientos de las operaciones entre ejercicios, por razones de calendario, contables o de tramitación, cuyos efectos se corrigen a lo largo del mismo". Tal y como señala Economía, esto "distorsiona en alguna medida las tasas de variación de los ingresos y gastos que se publican". Todos estos matices metodológicos ponen más o menos en entredicho la supuesta "transparencia" a la que se comprometió el Gobierno.
En resumen, el déficit regional hasta marzo presenta numerosos puntos negros a tener en cuenta y, por el momento, arroja más dudas que respuestas sobre el déficit público español.