La durísima crisis que padecemos tiene continuamente vertientes que castigan a los receptores de prestaciones sociales. Veamos una aportación que ha expuesto Laura Garcés en Las Provincias el 10 de mayo de 2011. Según su trabajo, Juana García, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, le informó de algo que sucede en esta comunidad y que, evidentemente, es trasladable a toda España.
Los enfermos de Alzheimer suelen ser personas de edad que gozan de una pensión. Con ella, el paciente puede gozar de la estancia en una residencia para mayores, entregando la pensión y, el resto del coste –suele estar éste entre 1.200 y 2.200 euros al mes–, corre a cargo de la Generalitat Valenciana. Pues bien, los familiares se apresuran a retirarlos para poder disponer de su pensión, indicando que lo atenderán en el domicilio con el complemento de algún tipo de cuidados, más o menos esporádicos en los llamados centros de día. Si el enfermo solo acude a uno de estos centros un día a la semana, el costo al mes es de 100 euros, y si acude de lunes a viernes, de 480 euros al mes. Desde luego, los parados a los que se ha concedido la prestación de desempleo los retiran masivamente de las residencias de mayores para así mejorar algo su situación angustiosa, a costa, naturalmente, del bienestar de los enfermos de Alzheimer, quienes, entre otras cosas, pierden el complemento que pagaban al centro la Generalitat Valenciana. Hay que repetir que todo eso forzosamente sucede en el conjunto del territorio español.
Y el presidente Rodríguez Zapatero, con especial énfasis, ha declarado en la reciente campaña electoral que no se han reducido las prestaciones sociales. Pero lo evidente es que tendría que alterarse toda la estructura del Estado de Bienestar español, de arriba abajo.