En las últimas semanas, y aunque de forma discreta, se han ido conociendo detalles sobre los avances en la negociación para la reforma de las anacrónicas instituciones laborales españolas. La reforma laboral configura el eje central de las reformas estructurales que debe acometer la economía nacional para recuperar la senda del crecimiento sostenido.
Es por eso que resulta muy importante tener claros los orígenes de las elevadas cifras de desempleo, sus implicaciones con la productividad en su nivel más agregado para poder entender los porqués de la reforma y evaluar si ésta avanza o no en la correcta dirección para cumplir con los objetivos, que no son otros que cortar la hemorragia del paro y facilitar que estos recursos puedan ser absorbidos en otros sectores.
Hace ya más de un año, en una editorial del The Economist, se ponía el dedo en la llaga en cuanto a las debilidades económicas del país. En dicho editorial se afirmaba que España concentraba en una misma economía todos los males que limitan el crecimiento de la eurozona, a saber: España sigue arrastrando un importante pasivo bancario derivado de la burbuja inmobiliaria, al igual que sucede en Irlanda; importantes rigideces a la hora de determinar los salarios, como pasa en Grecia o Portugal; además, estos aumentos no van ligados a los aumentos de la productividad, como también ocurre en Italia; y un crónico déficit por cuenta corriente, hecho diferencial de todas las economías que se agrupan debajo del acrónimo PIGS.
Como miembro de la Unión Monetaria, acababa el párrafo del The Economist, todos estos problemas de pérdida de competitividad con respecto a otros países de la zona euro no se pueden atajar devaluando la divisa la única salida es una devaluación interna.
Ha pasado más de un año desde dichas advertencias y éstas siguen estando plenamente vigentes. Las reformas emprendidas todavía son insuficientes. De éstas, el eje de actuación fundamental que corrige en mayor o menor medida todos los demás sigue siendo un cambio sustancial del mercado de trabajo que permita recuperar la competitividad pérdida. Se trata, junto con el saneamiento de las cuentas públicas y la reordenación del sistema financiero, el principal tema de política económica puesto encima de la mesa desde hace años, y su falta de resolución ha condenado al país a un mercado de trabajo dual, ineficiente, poco competitivo, caracterizado por tasas de desempleo inusitadamente altas.
Así lo certifican los datos. Según la OCDE, en España la productividad por trabajador durante los 10 primeros años del euro aumentó en promedio un 0,2% anual. Para el mismo periodo, el aumento de los salarios se ha disparado sobre todo, y principalmente, por la burbuja crediticia experimentada en el periodo 2002-2007. Este bajo crecimiento de la productividad se explica por la importancia que tienen sectores poco productivos, como son el turismo y la construcción -sectores económicos, por otro lado, tremendamente inflacionistas al tener éstos relativamente poca competencia-. Los elevados costes laborales en relación a la productividad son el origen del abultado déficit por cuenta corriente, situado -todavía hoy- a niveles del 4% del PIB pese a la fuerte contracción de la demanda interna que ha sufrido España desde el inicio de la crisis.
A todas luces, la tendencia que reflejan los datos de la OCDE es suicida e insostenible. Si queremos ser ricos, esta riqueza tiene que generarse de forma genuina en los mercados libres y de forma paulatina. Los salarios altos no pueden ser el resultado de la sobreprotección de los sindicatos, o de la voluntad política de uno u otro gobierno. Simplemente porque, a la larga, estos "altos" salarios se convierten en más paro al no ser productivos.
La receta laboral
El camino es justamente el inverso. Es preciso modificar el marco institucional para favorecer el ahorro y la acumulación de capital, facilitar la creación de nuevas empresas y la regeneración del tejido industrial y empresarial. Sólo así se conseguirá acumular más capital, poder invertir en estructuras de producción más complejas, más productivas, más competitivas con respecto a otros países y así, a la postre, poder subir salarios -resultado directo de ser más productivos, es decir más ricos-. Como reza el refranero popular, se trata de no poner el carro delante de los bueyes.
¿Por qué es ineficiente el actual marco regulatorio en materia de trabajo? En el pasado, el legislador ha regulado el mercado laboral siguiendo, principalmente, un criterio de maximización de la protección del empleo y del trabajador. De la misma forma, se ha ignorado por completo cualquier criterio económico o el hecho fundamental de que el empresario es el único que crea riqueza y empleo, y que cualquier sociedad que quiera prosperar deberá de crear un marco propicio para el desarrollo de la actividad económica y empresarial.
Es de esta forma que durante los últimos años se ha ido encorsetando las relaciones entre empresarios y trabajadores a un marco cada vez más complejo e ineficiente que ha limitado las posibilidades de encaje entre los intereses libres de unos con los otros. Este hecho se ha ido traduciendo en un mercado laboral extremadamente dual, rígido y frágil a la hora de generar empleo de calidad. Así, en la presente crisis ha quedado en evidencia que el único ajuste posible para cualquier bajada en la actividad económica ha sido la vía de la destrucción de empleo, como así lo atestiguan las estadísticas oficiales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y de forma muy sucinta, se deduce que la principal mejora en cualquier reforma laboral que persiga la mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de empleo en el largo plazo pasa ineludiblemente por una liberalización paulatina, pero decidida, del mercado de trabajo que incorpore como elemento central la descentralización de la negociación colectiva. En efecto, la descentralización de la negociación colectiva es un elemento fundamental para tener un mercado de trabajo realmente flexible en el que sea posible el libre ajuste entre trabajador y empresario, y que las condiciones de unos con otros se adecúen a la realidad y particularidades de cada empresa, de cada sector, y de cada trabajador.
La realidad empresarial española está configurada en su gran mayoría por pequeñas empresas, creadas en su origen por alguien que (casi seguro) había sido trabajador asalariado antes, autónomos, y profesionales independientes que son empresarios en la medida en que sus pequeños negocios y su retribución dependen directamente de sus capacidades, conocimientos técnicos y capital humano en general.
Por ende, los trabajadores en las fábricas ya no son obreros, sino en su gran mayoría trabajadores y técnicos cualificados que pueden asociarse de forma libre si así lo consideran para su mejor desarrollo profesional. Es por ello que hoy el discurso de clases o el tutelaje y excesiva regulación por parte del Estado en el ámbito de las relaciones laborales resulta especialmente anacrónico, ridículo y, sobre todo, extremadamente costoso en términos de generación de empleo.