Competitividad es la palabra clave para el futuro de la economía española. Desde hace varios años, raro es el discurso político en el que falta dicho término. Los dirigentes de todos los partidos y administraciones públicas aseguran que el éxito de la recuperación dependerá de la capacidad de las empresas de producir mejor y más barato que sus competidores (es decir, de forma más competitiva).
Este martes, las dos organizaciones empresariales más conocidas e importantes del país han hecho su particular diagnóstico sobre la economía nacional. El Círculo de Empresarios y la CEOE han presentado su documento Competitividad de la Industria Española, en el que defienden la necesidad de facilitar a los emprendedores la creación de nuevas empresas que den un impulso a ese sector, que consideran clave para la recuperación. En el informe, dividen los aspectos a mejorar en siete apartados -casi podría hacerse una equiparación con los siete pecados capitales bíblicos- que lastran a las compañías nacionales y las condenan al infierno de la desaparición, el cierre o el estancamiento.
El documento lo han presentado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y el del Círculo de Empresarios, Claudio Boada. En su opinión, esta iniciativa pretende, entre otros objetivos, sensibilizar a la sociedad española en su conjunto sobre la necesidad de respaldar y potenciar nuestra industria (aunque advierten que no se trata de priorizar su desarrollo sobre otros sectores mediante políticas dirigistas, sino de atender a sus necesidades).
El síntoma más importante de este problema es que sólo entre el primer trimestre de 2008 y el final de 2010 se perdieron cerca de 700.000 puestos de trabajo en la industria, mientras que el valor añadido bruto de las ramas industriales (excluida la energía) registraba caídas notables. Por eso, es necesario atajar esta situación. Estos son esos siete pecados de la economía española y las soluciones que proponen los empresarios:
1. Mercado laboral: Evidentemente, el primer gran agujero de la economía española es el de su mercado laboral, con su paro superior al 20% (mientras la media europea está por debajo del 10%) y su nula capacidad para generar empleo estable, especialmente en el sector privado, como denuncia esta semana Alberto Recarte en su último ensayo.
Para solucionarlo, los empresarios exigen que la nueva regulación se asiente "en los principios de la flexiguridad, que genere mayor productividad, que proteja al trabajador y no el puesto de trabajo, de trabajo, incrementando su empleabilidad y su productividad para la empresa. En ausencia de un mercado que permita la asignación eficiente del principal recurso productivo, la industria no podrá responder a los retos que tiene por delante".
2. Educación: La segunda pata sobre la que debería asentarse la recuperación del enfermo es un sistema educativo que ni obtiene buenas notas en los exámenes internacionales ni capacita a sus jóvenes para acceder al mercado laboral con garantías. Por eso, los empresarios, los que mejor saben que demandan las compañías españolas, piden "una reforma integral del sistema educativo en todos los ámbito".
En primer lugar, es imprescindible hacer algo con la formación profesional, eterna hermana pobre de la educación en España, "incrementando la conexión entre la FP reglada y las necesidades de las empresas, por ejemplo con más prácticas en las compañías". En segundo lugar, hay que cambiar la educación universitaria, "potenciando las áreas de las ciencias y la ingeniería, donde existe una mayor demanda de profesionales formados; y en la preparación de los directivos, de los que depende la gestión eficiente de las empresas", algo para lo que aseguran que existe una "ventaja competitiva", dado el altísimo nivel de los Másters y MBA hispanos.
3. Seguridad jurídica y unidad de mercado: Una de las cuestiones de las que menos se habla pero más importancia tiene en el día a día de la economía es el aspecto jurídico y regulatorio. Las administraciones públicas españolas se han lanzado a una carrera por legislar cada vez más aspectos de la vida económica, dificultando y encareciendo la labor diaria de las empresas. No es extraño, de esta manera, que España sea uno de los países donde más difícil es para los emprendedores abrir un nuevo proyecto. Además, la exuberancia legislativa amenaza con romper la "unidad de mercado", generando nuevos costes y dañando aún más la competitividad de las empresas.
Por eso, los empresarios destacan este apartado y aseguran que "un aspecto decisivo en este ámbito es la unidad de mercado, que facilite la actividad industrial y la inversión extranjera". Ésta última ha caído notablemente en los últimos años. Concretamente, en 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) en España fue de "15.000 millones de dólares, casi un 80% menos que el año anterior, acercándose a los niveles de los años 1992 y 1993".
Hay que avanzar en diferentes frentes relacionados "con la regulación, empezando por una consolidación de la seguridad jurídica para las empresas, que reduzca las tan nocivas incertidumbres normativas. Es necesario simplificar los trámites y las cargas administrativas, aplicar criterios de calidad en la producción y puesta en marcha de nuevas normativas, determinando si las normas son necesarias, eficaces, proporcionadas y eficientes".
4. Financiación: Tampoco ayuda la carencia del crédito, que está ahogando a las empresas (especialmente a las pymes). Sin un mercado financiero sano, que provea de los préstamos necesarios a aquellos que busquen ampliar su actividad o poner en marcha un nuevo proyecto. Para solucionarlo, los empresarios creen que es "imprescindible facilitar el acceso de las empresas industriales a los fondos necesarios para el desarrollo de su actividad".
Las autoridades públicas no son neutrales en esta cuestión, porque en muchas ocasiones el excesivo déficit público no sólo daña la salud de la economía sino que expulsa a los que, dentro del sector privado, necesitan nuevos créditos. Por eso, aseguran que "es preciso también mantener una disciplina y estabilidad fiscal con el objetivo de reducción del déficit y de la deuda pública, así como acometer la necesaria reestructuración del sector financiero".
5. Energía e infraestructuras de transporte: Además, las empresas no actúan en una isla desierta, sino que están rodeadas de múltiples factores que son decisivos en su éxito o fracaso. De esta manera, el coste de la energía y la forma en que ésta llegue a la industria son clave para la competitividad de un país.
En España, ni una cosa ni la otra destacan frente a los países de su entorno (en parte por decisiones políticas como la que se ha seguido con las primas a las energías renovables). La CEOE pide un marco en el que "la disponibilidad de una energía asequible y con seguridad en el suministro". También es importante crear una red de infraestructuras que reduzcan los costes de comunicación y comercio, y "faciliten la logística de las empresas del sector para garantizar una industria competitiva".
6. Cambio Climático: Uno de los puntos más polémicos del documento quizás sea el del cambio climático. Aunque el pensamiento políticamente correcto ha acogido esta cuestión como dogma, los empresarios españoles recuerdan que "las industrias de la UE están funcionando en el marco de políticas de cambio climático y ambientales más exigentes", lo que evidentemente redunda en un incremento de los costes.
En este sentido, piden que no se asuman "nuevos compromisos más restrictivos y unilaterales" y que se busque "un acuerdo internacional que incluya compromisos de esfuerzos equiparables en todos los países desarrollados y una contribución de los países en desarrollo".
7. Apoyo a la exportación e internacionalización: Podría decirse que los anteriores seis pecados tienen como resultado el último apartado de la lista. Porque la falta de competitividad de las empresas españolas provoca, entre otras cosas, que no salgan al exterior, a luchar con sus rivales en la búsqueda de nuevos mercados.
Por eso, desde la patronal se pide "fortalecer aquellas medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales, incluyendo la posible reducción de tipos en el impuesto sobre sociedades y de las cotizaciones a la Seguridad Social, propiciando, al tiempo, que las empresas industriales españolas adquieran un tamaño lo suficientemente importante como para acometer este reto con garantías".