La secretaria general de infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, el portavoz socialista de Fomento Rafael Simancas y su homologo en el PP se reunieron unos días antes de Semana Santa con los responsables de los grupos de infraestructuras de España: Iridium (ACS), Cintra (Ferrovial), Abertis y Globalvial (FCC) ante la necesidad de abordar la crisis de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, informa el diario Expansión.
Los empresarios reclamaron al ministerio la necesidad de tomar medidas adicionales a las llevadas a cabo en 2010 debido a la situación que atraviesan algunas concesiones, como: la autopista Madrid-Toledo, el peaje de la Terminal 4 o las radiales de Madrid.
Las consecuencias económicas para el Gobierno si alguna de estas empresas se declarase insolvente podrían se estiman en los 3.515 millones de euros por la Responsabilidad Patrimonial del Ministerio, por ello tanto para Fomento como para las grandes constructoras es imprescindible llegar a un acuerdo cuanto antes.
Uno de los puntos clave del encuentro fue el planteamiento de acabar con la gratuidad de las carreteras estableciendo un peaje similar al adoptado por Francia o Portugal, tal y como ya avanzó Libre Mercado. De hecho, Murcia ha sido la primera comunidad en anunciar que cobrará peajes por circular en las autovías regionales.
Los grupos empresariales también preparan un documento que en el que solicitan una ampliación de la cuantía de compensación por 20 años y mantienen la propuesta de fusión entre los peajes deficitarios y los rentables a cambio de ampliaciones en el plazo de explotación.
Abertis se pronunció ayer sobre al asunto pero parece que en la reunión también se planteó la cuestión: elevar la velocidad máxima en las autopistas hasta los 140 kilómetros por hora que aumentaría el volumen del tráfico en estas vías, sin poner en peligro la seguridad de los conductores e invirtiendo las caídas en la intensidad de circulación registradas en los últimos años.