El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene como uno de los ejes principales que vertebran su actividad la promoción de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Eso es lo que afirma el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en el preámbulo del nuevo reglamento publicado en el BOE sobre la concesión de subvenciones para proyectos que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos allá donde se vulneren, texto legal de importancia capital que las juntas directivas de todas las Organizaciones No Gubernamentales deben estar ya estudiando de forma meticulosa por la cuenta que les trae.
Nosotros también lo hemos hecho y hete aquí que descubrimos algunos aspectos asombrosos sobre la forma en que va a ser gastado este dineral que el gobierno entregará a partir de ahora a las ONGs agraciadas.
Lo primero que cabe señalar es la trampa que la normativa introduce para hacer pasar como dinero invertido en proyectos solidarios lo que no son más los gastos de funcionamiento de las propias organizaciones, muchas de ellas convertidas en chiringuitos de los que viven miles de profesionales de la solidaridad con dinero ajeno.
Así pues, el artículo 5 establece algo que suena muy razonable como la obligación de que las ONGs deberán destinar como mínimo el 90% del dinero recibido a los "gastos directos" que generen los proyectos subvencionados y tan sólo un 10% para los gastos del funcionamiento ordinario de las entidades. Ahora bien, la sorpresa surge cuando en el siguiente párrafo el ministerio aclara lo que considera "gastos directos" de la actividad, entre los que incluye los sueldos y otros gastos del personal de la ONG –o sea, que perfectamente pueden tener empleados y pagarles el sueldo con nuestro dinero-, los viajes, alojamientos y dietas de todos los miembros de estas organizaciones y, lo que resulta aún más pintoresco, los servicios técnicos y profesionales requeridos para la realización de seminarios, informes, publicaciones, control de gestión u otras necesidades a juicio de sus responsables, auténtico cajón de sastre que puede servir para meter como gasto subvencionable prácticamente cualquier dispendio que los responsables de las organizaciones beneficiarias consideren conveniente.
Atención especial merece también el mecanismo para la concesión de estas ayudas, basado según el texto en unos "criterios objetivos" que, una vez examinados, no lo son tanto.
En principio, y según el artículo 7 de esta norma, los responsables del ministerio valorarán todas las solicitudes presentadas en función de cuatro premisas; pero sucede que las tres primeras son tan genéricas que puede cumplirlas fácilmente cualquier entidad, mientras que la cuarta consiste en acreditar que se es un profesional de la subvención con un largo currículum en el trinque del ministerio, valorándose especialmente, atención, " la existencia de interlocución entre la institución solicitante y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación".
Esto significa que el hecho de haber obtenido subvenciones en años anteriores y tener "interlocución" con el departamento de la Señorita Trini, sea eso lo que sea, es lo que va a decidir la cuantía de la subvención, con lo que resulta evidente el altísimo grado de discrecionalidad con que es manejado este dineral procedente del bolsillo de todos los españoles.
Nadie podrá extrañarse si a partir de ahora las organizaciones de izquierdas se llevan un pedazo todavía mayor de la tarta presupuestaria. En unas pocas semanas lo comprobaremos.