Parece ser que nuestro Gobierno prepara subidas de impuestos en vez de incentivar recortes en el gasto. Según el Programa de Estabilidad que se envió el pasado viernes a Bruselas, se permitirá al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos evitar mayores recortes del gasto si se adoptan cambios normativos que supongan un aumento permanente de los ingresos, es decir, si se aumentan de forma permanente los impuestos. Además, el programa amenaza a las comunidades autónomas que osen reducir sus impuestos ya que pueden ver limitado su techo de gasto.
Conviene tener muy claro por qué dicho programa es un despropósito mayúsculo para España. En primer término, mantener el gasto público a expensas de un incremento permanente de los impuestos sólo sirve para perpetuar una transferencia de recursos del sector que crea riqueza, el privado, al público. Detraer recursos de forma permanente al sector privado sólo frenará nuestra tasa de crecimiento potencial; y con una tasa de desempleo del 21,3%, que equivale a 4,91 millones de parados, simplemente no nos lo podemos permitir.
En segundo lugar, con más de 3,17 millones de asalariados públicos en España, un incremento neto de 1,2 millones desde el año 1996, ¿hay alguien que verdaderamente crea que todo ese personal público es necesario? Como tuvimos ocasión de analizar la pasada semana en esta columna, los informes de la UPyD demuestran que si se hubieran seguido las prácticas más eficientes, sin menoscabar los servicios sociales prestados a los ciudadanos, sólo entre las comunidades autónomas nos podríamos haber ahorrado más de 52.000 millones de euros en los últimos tres años, más del 5% del PIB nacional. A la misma conclusión se puede llegar centrando la mirada en las principales ciudades de nuestro país. Sólo en el año 2010 nos podríamos haber ahorrado más de 6.000 millones de euros, sin pérdida de prestaciones para los ciudadanos, si se hubieran seguido las prácticas más eficientes entre las 40 ciudades principales.
El déficit público en el año 2010 de las comunidades autónomas fue de 36.000 millones de euros y el de las corporaciones locales de casi 7.000 millones. Pues la ineficiencia o sobrecoste, definido como gasto público excesivo o innecesario para la prestación de los servicios sociales a los ciudadanos, representó el 56% de aquel déficit público para las comunidades autónomas y más del 86% para las entidades locales. Por lo tanto, no hace falta recortar prestaciones a jubilados, ni reducir otras prestaciones sociales a la ciudadanía, ni, insisto, incrementar los impuestos para recortar el déficit. Sólo hay que recortar el gasto estrictamente excesivo e innecesario para cumplir nuestros objetivos de déficit público.
Por último, el Programa de Estabilidad es un despropósito porque su única y verdadera función es cumplir un objetivo político: mantener contentas a las fuerzas nacionalistas que reclaman más recursos para que siga manteniéndose en pie el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero.