Tras un año desde la presentación del primer informe de la UPyD sobre, El coste del Estado Autonómico I, se detecta mucho más interés y atención sobre la necesidad de controlar el déficit público y el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas y de las Entidades Locales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la Comisión Europea, la Sra. Merkel, las agencias de rating y hasta el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero se preocupan mucho más por estos temas que en el pasado. Pero lo cierto es que ninguna de estas entidades ha profundizado públicamente en el análisis del sobrecoste, definido comogasto público excesivo o innecesario para la prestación de los servicios sociales a los ciudadanos, ni como se podrían ahorrar ingentes cantidades, cada año, emulando las mejores prácticas.
Debido a este lento despertar, los Grupos de Economía y de Administración Pública de la UPyD han seguido profundizando en el estudio del sobrecoste, analizando con mayor detenimiento la externalización de los servicios autonómicos mediante empresas, fundaciones y consorcios. En particular, la estimación del sobrecoste se ha vuelto a realizar teniendo en cuenta el gasto público correspondiente al Capítulo IV (transferencias) de los Presupuestos, pero sólo incorporando aquellos epígrafes que representan gasto externalizado de los Capítulos I (Personal) y II (Gasto Corriente), excluyendo transferencias a otras administraciones públicas, familias, entidades sin ánimo de lucro o al exterior. Este desglose es posible con la información públicamente disponible para las comunidades autónomas; pero no es posible realizarlo, de momento, para las entidades locales.
Centrando el análisis en las comunidades autónomas, se ha aislado la externalización de los servicios asociado con el gasto personal y corriente. Este ejercicio supone revisar las estimaciones de sobrecoste directo, que solo tienen en cuenta el gasto personal y corriente directo.
Los detalles del nuevo informe de la UPyD se presentarán en unas pocas semanas, pero a modo de anticipo, e incluyendo la externalización de los servicios públicos a cargo de las comunidades autónomas, el sobrecoste estimado es enorme. Durante el último trienio (2008-2010), nos podríamos haber ahorrado 52.800 millones de euros, es decir, nos podríamos haber ahorrado más del 5% del PIB nacional si las comunidades autónomas hubieran seguido las prácticas más eficientes y sin menoscabar el servicio a los ciudadanos. Por otro lado, el informe delatará que en un periodo de profunda crisis económica, la nefasta costumbre de no aprender de las mejores prácticas de las comunidades autónomas más eficientes, ha llevado a incrementar el sobrecoste total anual en un 34% desde el año 2008 al 2010. En términos absolutos, Cataluña destaca como la autonomía donde se concentra la mayor cantidad de gasto público excesivo e innecesario en España, seguido por Andalucía y el País Vasco.
La conclusión es meridionalmente clara. El primer paso que se tiene que dar para sacar España del atolladero económico en que se encuentra es racionalizar el gasto autonómico.