El nombramiento de Bernardo Lorenzo, secretario de Estado de Telecomunicaciones, al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT) es el último de una larga serie de movimientos (de todos los partidos) destinados a controlar los organismos reguladores. Los cinco grandes órganos "independientes" ya están presididos por personas vinculadas al PSOE.
Así, el Banco de España (regulador del sector financiero) está dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, antiguo secretario de Estado de Economía; la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la preside Maite Costa, ex diputada del PSOE y muy cercana a José Montilla; la Comisión Nacionaldel Mercado de Valores (CNMV) tiene como máximo responsable a Julio Segura, que formó parte de un grupo de economistas reclutado por Miguel Sebastián para hacer el programa electoral del PSOE; y Luis Berenguer, presidente de la Comisiónde de Defensa de la Competencia (CNC), fue diputado del PSOE durante catorce años y miembro del Parlamento Europeo durante una legislatura.
El nombramiento
El Gobierno ha aprobado este miércoles la candidatura del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, como presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), así como de los nuevos consejeros para el organismo y para la Comisión Nacional de Energía (CNE). Lorenzo sustituirá al frente del ente regulador a Reinaldo Rodríguez, que fue nombrado presidente de la CMT en 2005 tras haber desempeñado el cargo de consejero y que desde diciembre de 2008 se encontraba en situación de interinidad.
Los candidatos propuestos comparecerán en el Congreso el próximo 3 de mayo, junto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el nombramiento definitivo se hará en el Consejo de Ministros del 6 de mayo.
La politización
El nombramiento de Lorenzo no cambia demasiado el paisaje de los organismos reguladores. Éste es, simplemente, un paso más en el camino de su completa politización. En teoría, estas comisiones tienen como misión defender al consumidor, velar por la competencia, asesorar al Gobierno en cuestión regulatoria, controlar el mercado y vigilar el cumplimiento de las normas.
En la práctica, los miembros de su consejo directivo se nombran a propuesta política. Así, los sucesivos gobiernos buscan acuerdos parlamentarios que les permitan controlar estos órganos. Evidentemente, el perfil que se busca casi siempre (aunque hay excepciones) es el de un político con cierta relación con la materia de la que se va a ocupar. Mientras, los nombramientos puramente técnicos brillan por su ausencia.
Así, estos organismos están sometidos a la presión política y sobre sus decisiones pende la duda de la influencia partidista. Es un mal punto de partida para unas instituciones que se precian de su independencia. De hecho, el pasado lunes el PP anunció una proposición de ley por la que los presidentes de los órganos reguladores y supervisores deberán contar con el apoyo de las 3/5 partes de la Cámara Baja para ser elegidos y el resto de representantes, la mayoría absoluta. Aunque esto no evitaría su politización, haría que fuera más necesario un consenso, pero incluso este cambio fue denegado.
Bernardo Lorenzo: de secretario de Estado a la CMT
Bernardo Lorenzo, ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, ha ocupado diferentes cargos en el sector, entre ellos la dirección general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, un puesto al que accedió en junio de 2004.
Posteriormente, en abril de 2008, fue nombrado director general de Telecomunicaciones, y desde julio de 2010 ocupaba la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en sustitución de Francisco Ros.
Otros consejeros
El nombramiento de Lorenzo no ha sido el único que ha aprobado el Consejo de Ministros. También se han designado los próximos ocupantes de diversos puestos en diversos entes reguladores. Ha sido un acuerdo entre Gobierno, PNV y CiU el que ha posibilitado estos cambios. De nuevo, la política se mezcla en órganos que en teoría son independientes, técnicos y que están destinados a regular el mercado.
Con esta primera tanda de nombramientos, el Ejecutivo adapta los consejos de los organismos reguladores a la Ley de Economía Sostenible (LES), reduciendo de 9 a 7 el número de miembros y limitando a 6 años su mandato sin posibilidad de renovar.
De esta manera, el Consejo de Ministros ha aprobado la candidatura de Marta Plana, a propuesta de CiU, y de Xabier Ormaetxea (PNV) como consejeros de la CMT. Plana, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, desempeña actualmente el cargo de consejera general legal de Aedgency y ha trabajado, entre otras empresas, para Baker&McKenzie y Microsoft. Por su parte, Ormaetxea, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, ha sido asesor del departamento de Promoción Económica de la Diputación de Vizcaya, así como presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y de la Comisión de Industria del Gobierno vasco.
En el caso de la CNE, el Ejecutivo ha aprobado las propuestas de Idoia Zenarrutzabeitia (PNV) y Tomás Gómez San Román (PSOE). Zenarrutzabeitia, licenciada en Derecho por Deusto, fue vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno vasco entre 1999 y 2009; mientras que Gómez San Román es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en redes eléctricas.
La renovación
El consejo de la CNE, incluido el cambio de presidente, se terminará de renovar el próximo mes de junio; mientras que en la CMT el proceso concluirá en diciembre. El PP ha mostrado su rechazo a esta primera ronda de cambios y ha avanzado que si llega al poder cambiará la ley y no respetará los nombramientos.