En España es difícil encontrar a un ciudadano que no reciba una o varias subvenciones públicas al cabo del año por los conceptos más absurdos, ya sea llevar al niño a jugar al padel o cambiar de lavadora, pero en la comunidad valenciana es practicamente una misión imposible encontrar a una sola persona que se haya mantenido a salvo de la insistencia subvencionadora del gran Francisco Camps.
Las subvenciones públicas abarcan un abanico tan amplio de circunstancias que prácticamente cualquier situación personal o actividad cotidiana otorga el derecho a meter la mano en el bolsillo ajeno a través de la fuerza coercitiva del mastodonte autonómico. Pero el estrambote final, la subvención que completa el círculo del derroche es precisamente la que hoy lleva la comunidad valenciana a la portada de su boletín oficial.
Se trata de la llamada "Renta Garantizada de Ciudadanía", una de las aspiraciones más destacadas que recoge el nuevo estatuto autonómico, que este año, casualmente electoral, va a ver aumentada su dotación en un 15% pasando de los 13,6 a los 15,6 millones de euros.
La RGC es, sencillamente, el último intento de la comunidad valenciana para que ningún administrado pueda decir que no trinca dinero público como hacen todos sus vecinos. A modo de pensión no contributiva, esta subvención mensual la percibirán aquellas personas que no reciban ninguna otra ayuda pública pues, precisamente, ese es uno de los requisitos exigidos para disponer de esta propina cada día uno de mes. Así pues, si usted demuestra que no recibe ayudas, entonces tiene derecho a esta ayuda, la necesite o no, que esa es una cuestión en la que la administración valenciana ni entra ni sale.
No es previsible que se vayan a conseguir de esta manera los objetivos de integración social a que tan pomposamente aspira el articulado de la norma, porque en muchos casos las ayudas apenas sobrepasarán los cien euros, con un mínimo mensual de apenas treinta euros por cabeza subvencionada. Es más bien un gesto magnánimo de los gestores actuales de la comunidad autónoma, que en periodo preelectoral no deja de tener su importancia.
La Comunidad Valenciana es la más endeudada de España si exceptuamos a una Cataluña instalada ya en el despilfarro a niveles galácticos, pero en lo que se refiere a repartir el dinero del contribuyente, Camps sencillamente no tiene rival.