Conviene puntualizar ciertos asertos. Efectivamente, el sistema de reparto es el que fundamenta financieramente las pensiones. Cada año los receptores de éstas pueden percibirlas porque los empresarios y los ocupados han pagado ese año las llamadas cotizaciones, que se transfieren así a los pensionistas. Lógicamente, las cuentas de cada año no son exactas en un ciento por ciento. Incluso, para no experimentar tensiones, se estiman las cotizaciones con cierta holgura. No se produce esto sin daño, porque aumentan los costes empresariales, con lo que, por un lado, como dijo el profesor Torres ya en su Teoría de la Política Social (Aguilar, 1954) su impacto es análogo al de una subida de salarios, esto es, como recalcó Pigou en una carta a The Times, provoca subidas de precios, si el mercado los soporta, o elimina el empleo, sustituyéndolo por otro factor de la producción, si se puede, y si no, genera quiebra de empresas.
Esta holgura, no precisamente sin costes, genera a su vez un aumento de las reservas del sistema de pensiones. Para aliviar un hundimiento excesivo de las cotizaciones de la deuda pública, como antaño se hizo, por ejemplo, con los activos de las cajas de ahorros, ahora se decide que, en lo que se pueda, se compre esa deuda pública por este fondo de reserva de las pensiones. Por supuesto que esa ayuda no pasa de ser pequeña, porque percibimos que el déficit del sector público fue del 11,1% del PIB en 2009 y seguramente de en torno al 10% en 2010; y que, para 2011, en su última estimación de The Economist poll,será del 6,7% del PIB. La magnitud de esa oferta obligada de deuda pública impulsa al alza sus tipos de interés que, naturalmente, son pagados por el Estado y el resto de los entes públicos emisores de esos valores.
Todo eso es harto conocido. Lo sorprendente es que se considere esa alta recepción de intereses, derivada de que el 87% del mencionado fondo de reserva de las pensiones está invertido en deuda española, como una señal positiva porque se aumentan sus ingresos. Veamos lo sucedido. Un trozo del sector público gasta demasiado, en parte porque paga altos intereses por sus emisiones de deuda. Otra parte del sector público –el fondo de reserva de las pensiones– recibe ese gasto público adicional. Esto es, el sector público otorga, lisa y llanamente, una subvención a las pensiones gracias a la subida de los tipos de interés. Evidentemente estos perturban al mundo empresarial, así como al Estado y a las autonomías y desde luego a las economías domésticas. Y si es así, ¿no debería reorganizarse esto de otro modo y no tratar de confundirnos con esta especie de juego de manos de recursos a través de la deuda pública?
No tiene sentido hacerse trampas en este solitario que es el de la financiación de las pensiones. Más ahora, cuando el Banco de España en su Boletín de marzo de 2011 nos advierte muy juiciosamente de que "no puede descartarse un recrudecimiento de la crisis de la deuda". Y eso porque los mercados financieros están muy pendientes de España. Nos debe impresionar, por ejemplo, lo que Patrick Artus, director de investigaciones económicas de Natixis, señalaba en Le Monde hace unos días tras hablar de la deuda portuguesa: "La situación se convertiría en más difícil si España y Bélgica estuviesen en dificultades". A ver si pasamos a creer que una buena noticia para la marcha de nuestro sistema de pensiones es tener unos tipos de interés para el bono a 10 años en el 8,71%, como sucedía en los mercados financieros con la deuda portuguesa el 1 de abril de 2011.