Tras el reciente recorte de primas aplicado por el Gobierno a las energías renovables, pocos serán ya los ilusos que sigan manteniendo la burda falacia de que invertir en plantas fotovoltaicas, además de beneficiar al medioambiente, constituye un negocio rentable. La burbuja solar explotó hace ya unos meses en España, tal y como se avanzó en estas páginas. De hecho, hasta el propio presidente del Gobierno, estandarte sin parangón de la política energética verde, admitió el pasado febrero los escandalosos excesos cometidos en esta materia.
Aún así, y pese al evidente fiasco político y económico de estos últimos años, son muchos los que ahora se apresuran a anunciar el nuevo renacer de la energía solar como consecuencia de la crisis nuclear desatada en Fukushima tras el terrible terremoto y posterior tsunami que arrasó Japón. El cierre de las plantas nucleares más antiguas en Alemania y el anuncio de que China podría duplicar su producción fotovoltaica en los próximos años ha desatado el éxtasis entre los ecologistas y fervientes defensores de este tipo de energía.
Un júbilo que, como es lógico, también se ha materializado en la bolsa. Las acciones de la industria solar han subido con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, los potenciales inversores deberían tener en cuenta varios puntos antes de lanzarse a comprar. El primero y más importante de todos es que, hoy por hoy, este tipo de generación energética no es un negocio rentable. De hecho, es ruinoso. Su supervivencia y desarrollo dependen única y exclusivamente de las inmensas ayudas, subvenciones y primas que reciben de los distintos gobiernos. Dicho esto, más allá del fraude generalizado cometido en este tipo de instalaciones, sorprendería saber quiénes son los beneficiarios de tal lluvia de millones. La publicación de los auténticos receptores bien podría provocar alguna que otra dimisión entre la clase política.
En segundo lugar, tal promoción no es gratis. Las primas verdes han de ser sufragadas de una u otra forma, ya sea subiendo la factura de la luz, ya sea elevando los impuestos. Y he aquí el problema. La crisis de deuda pública que azota a numerosos países desarrollados obliga a reducir gastos y a priorizar el destino de los fondos públicos. En plena expansión crediticia, materializada en el boom económico de la década del 2000, el aumento del gasto público parecía, ilusoriamente, estar exento de riesgos. Pero, llegado el tiempo de las vacas flacas, primar la energía solar supone un lujo inasumible para muchos Estados. Así, en los últimos meses, Holanda, Italia, Francia, Reino Unido o Alemania han aprobado o estudiado recortes similares a los de España.
Además, Japón, por el momento, seguirá apostando por la nuclear y aún está por ver si los países emergentes están dispuestos a cometer los mismos –y ya evidentes– errores de los desarrollados en materia de política energética. Aún así, si finalmente estalla una nueva fiebre solar, ésta no dejará de ser una burbuja desde el punto de vista inversor. Y es que, al fin y al cabo, seguirá dependiendo del sector público. Es decir, su crecimiento no estará basado en fundamentales, con lo que será otro edificio construido sin cimientos. A largo plazo, los mayores beneficiarios de un hipotético pánico nuclear internacional podrían llegar a ser las empresas de gas natural y del carbón.