El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado a un grupo de grandes empresas y entidades financieras españolas para el próximo 26 de marzo, el día siguiente a la cumbre europea en la que se aprobará el Plan Euro. El objetivo teórico de la reunión es tratar con los asistentes las medidas a adoptar, en especial en materia laboral, a partir de lo aprobado en el Consejo Europeo. En circunstancias normales, uno entendería la lógica de esta convocatoria. En la España de Zapatero, por el contrario, hay que sospechar acerca de las verdaderas intenciones del presidente del Gobierno.
Uno de los puntos que, sin duda, estará encima de la mesa, será la vinculación del crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad, en lugar de hacerlo con la evolución de la inflación. Para esto, sin embargo, no hace falta convocar a las empresas porque todas ellas estarán de acuerdo con ello, ya que dicha ligazón se corresponde plenamente con la lógica de la evolución de los costes empresariales para poder recuperar competitividad, y más en unos momentos en los que la factura energética de las compañías es de las más elevadas de Europa y, por tanto, del mundo desarrollado. Por ello, no entiendo cuál es la razón de convocar a las empresas porque, en mi modesto entender, con quien tiene que tratar este asunto el Gobierno es con los sindicatos, con el fin de que adapten sus demandas salariales a lo que son, en estos momentos, las necesidades reales de la economía española. Los sindicatos, sin embargo, ni están convocados a la reunión ni, por ahora, ZP ha avanzado la menor intención de llamarles a Moncloa para tratar de este asunto.
Lo mismo cabe decir con otro punto que, muy posiblemente, estará encima de la mesa y no es otro que la descentralización de la negociación colectiva. El Gobierno aún no se ha manifestado con claridad respecto a este asunto, pero la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sí que ha avanzado ya el compromiso del Ejecutivo para llevar a cabo una reforma laboral en línea con lo que está pidiendo la Unión Europea a España para no dejarla caer. Por ello entiendo aún menos si cabe por qué no se ha convocado a los sindicatos a Moncloa para tratar de estos temas y, sin embargo, se llama a las grandes empresas y a la CEOE, mientras se deja fuera a Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas. Parece que el Gobierno solo quiere tratar con los grandes, y no con los pequeños, pese a que la pyme supone el 90% del tejido empresarial del país y más del 80% del empleo.
¿Qué es, entonces, lo que busca Zapatero? Evidentemente, una nueva fotografía, pero probablemente también algo más. Conociéndole como ya le conocemos los españoles, no me extrañaría que de lo que se tratara fuera de tratar de imponer a las grandes empresas una reducción de la retribución que perciben sus ejecutivos, como tampoco me extrañaría que tratara de sugerirles también una reducción de sus beneficios para apoyar vete tú a saber qué política social.
Quizá, en estos momentos en que se necesita moderación salarial, los altos directivos deberían empezar por dar ejemplo. Pero eso no exime al Gobierno de hacer lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que agarrar el toro por los cuernos y convocar a los sindicatos para exponerles sus planes y sus objetivos. Y si las centrales no están de acuerdo, como es más que probable que así sea, entonces lo que tiene que hacer el Ejecutivo es legislar. Lo que no puede ser es que este país siga sin acometer las medidas que tiene que tomar para salir de la crisis por temor a la reacción sindical, porque un Gobierno está para gobernar y así se lo reconoce la Constitución. Y más aún cuando la situación actual implica que en España hay casi cinco millones de personas en paro, muchas de las cuales ya no perciben ni tan siquiera la prestación por desempleo y otras muchas van a perderla en los próximos meses.