Es más que discutible que la reducción de la limitación de velocidad por autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora vaya a suponer un ahorro energético apreciable. Pero lo que no cabe ninguna duda es que va a suponer un aumento muy significativo de sanciones de tráfico y que aumentará de forma muy importante la ya abultada recaudación de Pere Navarro en la Dirección General de Tráfico.
Según un primer análisis de las velocidades medias registradas por los radares de la Dirección General de Tráfico, la medida adoptada podría suponer hasta un millón más de denuncias por exceso de velocidad. Eso significaría una recaudación estimada de hasta los cien millones de euros anuales, que podría reducirse algo en función del pronto-pago impuesto a los conductores. Sólo con el plazo anunciado hasta junio, Rubalcaba podría embolsar hasta 40 millones más de euros para las arcas de la DGT.
El afán recaudatorio de este Gobierno con los conductores roza la usura. En 2005 las multas apenas sobrepasaban los 2 millones, pero actualmente sobrepasan los 5 millones de sanciones. Buena parte de estas multas las realizan los radares fijos instalados indiscriminadamente por la Dirección General de Tráfico. Las denuncias tramitadas por estos artilugios se multiplicaron, pasando del medio millón del año 2007 a cerca de dos millones actualmente.
La recaudación por sanciones de tráfico ha crecido de forma paralela al aumento del número de denuncias. Así, la Jefatura de Tráfico ha pasado de menos de 200 millones de ingresos por multas en 2005 a casi 500 millones. Este año la cantidad podrá batir todos los record con las nuevas limitaciones. Las sanciones de tráfico se han convertido de esta forma en una especie de impuesto de circulación añadido. Cada conductor paga hoy un impuesto añadido de 30 euros de medida por sanciones a la DGT. Hemos pasado de una sanción por cada diez conductores a dos desde que Gobierna Zapatero.
Para la gestión de esta ingente cantidad de denuncias, Zapatero ha construido en su propia ciudad de León un "gran hermano" de las carreteras que recibe toda la información y trasmite directamente las denuncias a los ciudadanos. Este Centro de Denuncias Automatizadas ha costado la friolera de 11 millones de euros y tiene un coste anual de funcionamiento de diez millones. Poca cosa para la eficacia demostrada para esquilmar a los ciudadanos.
Para acompañar las nuevas limitaciones de velocidad, Rubalcaba se propone también duplicar el número de radares fijos hasta superar los mil repartidos por toda la red viaria nacional. Intuimos que con ello pretende multiplicar a su vez el número de sanciones y la recaudación, más que por conciencia ecológica. La mayor parte de la inversión del Gobierno en seguridad vial se irá en instalar esta nueva red de radares.
No es el ahorro energético lo que impulsa al Gobierno a reducir improvisada y temporalmente los límites de velocidad, sino una voracidad fiscal insaciable. Rubalcaba no está satisfecho con haber más que duplicado la recaudación por multas, quiere tripicarla. Un millón más de multas es la verdadera razón que ha llevado al Gobierno a imponer esta nueva limitación. Veremos por cuanto tiempo. El aumento de recaudación da para poner y quitar muchas pegatinas.