Titular del diario Público: "El derecho a la vivienda, garantizado en Castilla-La Mancha". No había necesidad de ningún análisis profundo para comprender que el periódico no sólo informaba sino que se congratulaba. Igual que los políticos castellano manchegos, el diario progresista estaba feliz: por fin, los ciudadanos cuentan con un nuevo derecho que pueden reclamar ante los tribunales.
Ahora bien, el derecho a la vivienda, como todos los llamados derechos sociales, es un equívoco porque, al revés que los derechos clásicos, elude la consideración de la obligación correspondiente.
Los políticos hacen como si regalaran viviendas, pero no las pagan con su dinero. Si las autoridades castellano manchegas van a entregar viviendas a ciudadanos que no las van a pagar, o no las van a pagar por completo, deberán obligar a otros ciudadanos a que las paguen, o a que paguen la diferencia.
El derecho clásico define la obligación: yo le compro a usted su casa, lo acordamos libremente, y usted tiene derecho a una suma de dinero mío y está obligado a entregarme su casa, mientras que yo tengo derecho a su casa pero estoy obligado a entregarle mi dinero. El llamado derecho a la vivienda es otra cosa, porque las personas que consiguen viviendas a través de los políticos lo hacen porque los políticos quebrantan los derechos de terceros, que no están definidos pero que no forman parte de la transacción.
De tal manera que la supuestamente progresista "extensión de derechos" necesariamente comporta el recorte de derechos. Ningún político de ningún partido plantea la cuestión de esta forma. Los periodistas, regocijados ante un progreso que interpretan como incuestionable, saludan el llamado derecho a la vivienda, celebran que alguien sea beneficiado, y no lamentan la coacción sobre la población que dicho supuesto derecho exige.