Los hechos ratifican que Cataluña es, hoy por hoy, la comunidad autónoma menos solvente de España junto a Castilla-La Mancha, Murcia y, en otro ámbito, el ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables apenas han tardado 24 horas en solicitar al Gobierno central el mismo trato concedido a la Generalidad. Es decir, poder endeudarse a largo plazo con el aval del Estado para hacer frente a sus inminentes compromisos de pago.
Se veía venir. La gestión económica del anterior tripartito ha sido todo un fiasco, hasta el punto de tener que emitir los ya famosos bonos patrióticos para poder pagar las nóminas de los funcionarios autonómicos hasta finales de año, evitando así in extremis el suculento escándalo que ello supondría. De hecho, Montilla ha falseado las cuentas al ocultar el terrible agujero presupuestario que dejaba en Cataluña.
Las primeras estimaciones del nuevo Gobierno que preside Artur Mas avanzan que el déficit público superará los 7.000 millones de euros en 2010, más del doble del objetivo inicial –2.600 millones, equivalente al 1,3% del PIB catalán–. Y la situación este año no será mucho mejor: Cataluña precisa captar cerca de 11.000 millones de euros extra en los mercados para cubrir sus necesidades de financiación, tal y como ha reconocido el propio Mas. Esta cuantía corresponde a los cerca de 3.000 millones de euros que acumula la Generalidad en pagos pendientes de diversa índole, los 2.600 millones de déficit público previsto para 2011 y el vencimiento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros de deuda a lo largo del año –en esta partida se incluyen los bonos patrióticos–.
Ante esta dramática situación presupuestaria, Mas ha señalado que "la necesitad de ajuste es fuerte". Evidente, pero ¿en cuánto cifra el president dicho ajuste? Según el Plan de Estabilidad elaborado a tal efecto, la Generalidad tan sólo se compromete a reducir en un 10% interanual el gasto público para 2011, unos 3.000 millones de euros.
Una cifra claramente insuficiente para estrechar la gran brecha fiscal existente. De ahí, precisamente, que Mas haya recurrido a Zapatero para cubrir la diferencia a cambio, eso sí, del ya habitual apoyo parlamentario en el Congreso. Dicho y hecho, el Estado avalará (con el dinero del resto de los españoles) la emisión de nueva deuda catalana. Sin embargo, siendo esto grave, la clave del pacto alcanzado reside en que Mas ha reclamado, igualmente, que la financiación estatal que perciba su comunidad el presente ejercicio sea idéntica a la del año pasado.
¿Y esto que quiere decir? Pues que, simplemente, Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal. De hecho, según las últimas estimaciones de ejecución presupuestaria, la Generalidad percibió del Estado un 37% más en 2010 de lo que realmente tendría que haber recibido. Así pues, Cataluña no pagará sus dispendios sino que será el resto de contribuyentes españoles los encargados de afrontar tales desmanes por obra y gracia del sistema de solidaridad interterritorial. En el juego del café para todos está claro que a algunos éste se les sirve mucho más cargado que a otros.