Los habrá que, tras la enésima suspensión de pagos del sistema público de pensiones –que no otra cosa significa esta quita impuesta por el Gobierno a los acreedores de la Seguridad Social, es decir, a todos nosotros–, todavía sigan diciendo que lo público funciona mejor que lo privado y que el altruista principio de solidaridad intergeneracional es preferible al egoísta principio de capitalización individual.
No voy a extenderme en repetir todos los argumentos que muestran a las claras la indiscutible superioridad de las pensiones privadas sobre las públicas. Simplemente daré unas cifras muy fáciles de entender: tras la reforma, una persona que durante 38,5 años aporte al sistema público una cotización media de 6.000 euros al año (la implícita en un sueldo medio de 21.000 euros) percibirá al jubilarse una pensión aproximada de 1.750 euros al mes. En cambio, en un sistema privado, esa misma persona, logrando una rentabilidad anual media después de inflación del 4%, percibiría una pensión de 1.800 euros al mes... y habría amasado un patrimonio de 560.000 euros.
¿Acaso, pensarán, un 4% de revalorización anual de nuestro patrimonio constituye un objetivo inalcanzable? No debería: el mercado de valores, por mero piloto automático, se ha revalorizado como media en los últimos 200 años un 7% después de la inflación; y los fondos de pensiones chilenos, bien gestionados a diferencia de la inmensa mayoría de los españoles, han logrado una rentabilidad media anual del 9% durante los últimos 30 años.
¿Que como viviría una persona habiendo invertido 6.000 euros –la cotización media a la Seguridad Social– durante 38,5 años al 7%? Pues con pensiones de 4.000 euros al mes y un patrimonio de 1,2 millones de euros. No es necesario que hagamos un ejercicio especulativo: el 7% es lo que habría logrado cualquier persona de invertir el equivalente a 6.000 euros al año en cualquier índice de la bolsa española desde 1974.
Parafraseando a Marx con respecto a la tasa de plusvalía –a ver si de este modo la izquierda retrógrada lo entiende–, esos 1,2 millones de euros "expresan el grado de explotación de los trabajadores por el sistema público de la Seguridad Social". Hoy, conviene recordarlo una vez más: el resultado de los sistemas públicos de reparto es trabajar más y cobrar menos; el socialismo en su más clara expresión. El resultado de los sistemas privados de capitalización, trabajar menos y cobrar más; el capitalismo en su más clara expresión. ¿Comprenden ahora por qué los políticos españoles no permiten, como en Chile, que cada uno elija el sistema que prefiera?