Al Gobierno le han entrado las prisas por evitar la quiebra del sistema financiero español. Después de más de tres años negando la mayor y de tomar medidas equivocadas para sostener artificialmente a las cajas de ahorros, pensando como pensaba ZP que la crisis era coyuntural, que pasaría por sí sola y que todo se arreglaría poco menos que por arte de birlibirloque, ahora Zapatero se encuentra en la encrucijada que trató de evitar a toda costa: dejar que quiebren las cajas o reconocer que, en contra de lo que había dicho y presumido, nuestro sector crediticio dista mucho de ser el más sano del mundo y precisa de fuertes dosis de recapitalización para sobrevivir. El Ejecutivo ha optado por lo segundo pensando que, al salvar a las cajas, también se salva él.
Esta es la cuestión que subyace en los planes de recapitalización que prepara el Gobierno. En los próximos días, las cajas tenían que refinanciar una importante cantidad de deuda: unos dicen que 40.000 millones, otros que 80.000 y hay quienes aventuran la cifra de 120.000 millones. Sea como fuere, lo cierto es que el mercado no parecía estar por la labor. Los inversores internacionales no hacían más que preguntar qué es eso de los SIP y que implica en términos de balance, cuenta de resultados y deuda de las cajas; si estas entidades se iban a despolitizar o no; si iban a seguir alimentando la bola de nieve en que se había convertido la refinanciación de las enormes deudas del sector inmobiliario, etc. y como la respuesta que encontraban a todas estas cuestiones no les gustaba habían optado por no arriesgar más su dinero, sin apenas efectuar distinciones entre entidades con nombres y apellidos concretos. Para ellos casi todas las cajas eran lo mismo y, por tanto, había que huir de ellas como de la peste, con lo que su quiebra estaba servida. El Ejecutivo sabe de sobra que la quiebra de las cajas devuelve a la economía española a una seria recesión que implicaría la insolvencia definitiva de nuestro país y, por tanto, su quiebra y ha optado por defender a las cajas para defenderse a sí mismo. Eso es lo que hay detrás de todo este asunto.
Como siempre, por supuesto, Zapatero vuelve a actuar a destiempo. Puestos a abordar un proceso de recapitalización de las cajas, hubiera sido mucho mejor haberlo hecho hace año y medio o dos años, cuando la financiación de la economía española era mucho más sencilla y barata y el ‘agujero’ de las cajas era más fácilmente manejable. Pero como por entonces estábamos por negar la mayor, a la espera de un milagro que no se ha producido, no se hizo nada y lo que antes nos hubiera salido caro, ahora nos va a costar un ojo de la cara y, encima, no está nada claro de dónde va a salir el dinero necesario para esta operación. En las últimas semanas, el Gobierno ha venido insistiendo en la necesidad de que las cajas capten recursos en los mercados. Sin embargo, éstos no están precisamente por la labor, sobre todo en relación con las cajas medianas y pequeñas. Esta vía, por tanto, no parece encontrarse del todo abierta. Y si se acude a la financiación pública, hay que recordar que las cosas no están precisamente bien para el Tesoro, que ha tenido que colocar la última emisión de deuda en una operación sindicada porque no tenía nada claro cuál hubiera sido el resultado de haber apelado directamente al mercado. La duda está ahí y, ya puestos a salvar a las cajas, conviene que se despeje completamente, y con todas las garantías, lo antes posible.
Ahora bien, puesto que el Ejecutivo se ha empeñado en salvar a las cajas a cualquier precio, esta operación tendría que venir acompañada de otras decisiones. En primer término, el Gobierno debería imponer a estas entidades la venta de sus activos inmobiliarios como parte de su proceso de saneamiento y, de paso, prohibirles todo tipo de actuaciones que impidan la caída de los precios de la vivienda, incluida la refinanciación a los promotores, con el fin de que el ajuste se produzca de una vez por todas y el sector de la construcción pueda volver a retomar su actividad, al tiempo que se acaba con esa tremenda injusticia social como es un precio de la vivienda por las nubes a causa, entre otras razones fundamentales, de la intervención pública en materia de urbanismo.
Asimismo, el Gobierno debe proceder a una modificación radical de la ley de cajas de ahorros con el fin no sólo de despolitizarlas totalmente, que es algo fundamental para evitar que se vuelva a repetir una crisis como ésta, sino también para evitar que las comunidades autónomas sigan utilizándolas para colocarles una deuda autonómica que nadie quiere y que las coloca en una situación francamente difícil, en lugar de sanear los presupuestos regionales por la vía del gasto. Son precisamente los políticos quienes han arruinado a las cajas y es precisamente a los políticos a quienes hay que sacar rápidamente de ellas. Lo cual lleva a una tercera cuestión, que es la de la exigencia de responsabilidades. Si, al final, los contribuyentes vamos a tener que pagar las consecuencias de los excesos cometidos por los políticos en y con las cajas, quienes sean los responsables de su ruina tienen que pagar por ello en lugar de irse de rositas. ¿Se atreverá Zapatero a tanto? Lo dudo.