¿Hemos tocado fondo en la crisis económica o lo peor está por llegar? Si hacemos caso a lo que se dice desde el Gobierno, ya hemos alcanzado el suelo, aunque todavía nos quedan por delante no menos de dos años para que el empleo empiece a remontar el vuelo. Si nos olvidamos de lo que dice el Ejecutivo y analizamos la realidad con otros ojos, lo que podemos tener en puertas es una segunda versión de la crisis económica.
Este lunes, el BBVA ha sido la primera entidad española en salir al mercado de capitales para financiarse y ha colocado 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias. Ha habido sobredemanda, es cierto, pero la colocación se ha hecho a un tipo de interés de 2,25 puntos porcentuales por encima del tipo de referencia cuando, hace un año, una emisión similar del mismo banco se colocó con una prima de tan sólo 0,55 puntos porcentuales. Este hecho, por sí sólo, ya es de por sí preocupante porque revela que la financiación para la economía española se está encareciendo, y da igual que se trate de empresas o entidades financieras locales o que estén muy internacionalizadas, como es el caso del BBVA: los inversores sólo se están fijando en que quien solicita fondos en los mercados tiene pasaporte español. Pero es que, además, otros bancos europeos lanzaron también este lunes papel de características similares al mercado y lo colocaron a un tipo de interés entre un punto y un punto y medio por debajo del precio que va a tener que pagar el banco que preside Francisco González por los recursos que ha obtenido. Esta misma historia se repite con las principales empresas españolas, lo cual pone de manifiesto que el Gobierno no ha conseguido, ni mucho menos, restaurar la credibilidad de nuestra economía y de su política económica, cosa que no es de extrañar porque una cosa son las medidas que anuncia Zapatero, que, en principio, van en la dirección correcta, y otra muy distinta es la letra pequeña que las acompaña y las convierte en agua de borrajas. ¿Un ejemplo? La ampliación de la edad de jubilación. ZP anunció a bombo y platillo que se retrasará hasta los 67 años, para empezar a resolver el problema de las pensiones, pero luego la letra pequeña dice que no entrará en vigor hasta dentro de quince años. Es decir, de reforma, nada de nada.
Esta cuestión de la financiación es especialmente relevante porque el primer cuatrimestre del año va a venir más que movido. De entrada, las cajas de ahorros tienen que refinanciar ahora más de 70.000 millones de euros en un ambiente de desconfianza de los mercados y con unos inversores que no entienden qué es eso de las fusiones frías, ni los SIP, ni en qué medida mejoran la situación patrimonial de las cajas, ni cuál es la verdadera realidad contable de unas entidades cargadas de activos inmobiliarios sobrevalorados y de préstamos al sector respaldados por esos mismos activos y con esas mismas características. Si los mercados dudan, a más de una entidad le pueden negar recursos y, de esta forma, llevarla a la quiebra o, en el mejor de los casos, concedérselos pero a intereses prohibitivos que dificultarían sobremanera su saneamiento e impedirían que el crédito volviese a fluir en la economía española como debe.
Después de las cajas viene el FROB, que necesita emitir no menos de 30.000 millones de euros para financiar las ayudas que han pedido las cajas de ahorros al mismo. Y, para concluir, a continuación el Estado tiene que refinanciar otros 70.000 millones de deuda a corto plazo que vencen de aquí a marzo, todo ello en un ambiente de desconfianza creciente hacia la economía española. Si en cualquiera de estos procesos de financiación se falla, la crisis está servida.
Para complicar más las cosas, están las comunidades autónomas o, mejor dicho, los reinos de taifas independientes en que se ha dividido nuestro país, con cada uno de ellos haciendo la guerra por su cuenta y negándose a someterse a la necesaria disciplina fiscal para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas. El problema no es sólo que el 'agujero' presupuestario de muchas de ellas pueda ser muy superior a lo declarado, como está descubriendo amargamente el nuevo Ejecutivo catalán encabezado por Artur Mas. El problema es, también, que ya estamos en una situación como la de Argentina a principios de la pasada década cuando, en plena crisis del ‘corralito’, los gobiernos provinciales se negaban a participar en los esfuerzos de saneamiento fiscal del conjunto del país, como ahora hacen muchas de nuestras autonomías al pretender que todo el esfuerzo del ajuste lo asuma el Estado, sin querer reconocer que, al estallar la burbuja inmobiliaria, han desaparecido para siempre los enormes ingresos relacionados con la vivienda de que disfrutaban. Por tanto, tienen que adaptarse a esta nueva realidad y ajustar necesariamente sus gastos, pero se niegan en rotundo. Los mercados están tomando buena nota de ello.
En este contexto no es de extrañar que la prima de riesgo de la economía española siga creciendo y afecte no sólo a la financiación del sector público, o a la de las cajas de ahorros, sino también a empresas y entidades financieras muy internacionalizadas y plenamente solventes, sobre todo porque de este Gobierno se puede esperar cualquier cosa, como demuestra el zarpazo que acaba de dar a las eléctricas para evitar que la tarifa eléctrica se incrementara un 25% como resultado de la insensata política energética que está llevando a cabo Zapatero. El riesgo de insolvencia de España planea de nuevo sobre nuestra economía, así como el riesgo de tener que ser intervenidos finalmente por la UE, lo cual, dadas las circunstancia, casi es lo mejor que nos podría pasar.